Las inminentes elecciones –en apenas un mes y días- transpiran no solamente fraude sino improvisación. El Jurado Nacional de Elecciones –particularmente su presidente, Jorge Luis Salas Arenas- exhibe ciertas conductas erráticas, direccionadas, contrarias hacia los candidatos que no simpatizan con el exgobernante Vizcarra ni con el partido oficialista Morado. Serán, a no dudarlo, unos comicios cruciales para el futuro del país. Nada menos que están en juego el Estado de Derecho y el sistema democrático, fuera de la estabilidad social, política y económica de la nación. Sin embargo, el proceder de la autoridad electoral está severamente cuestionado, debido a la manifiesta disparidad de tratamientos que ha dado a distintos casos -hacia varios postulantes de los partidos opositores a Vizcarra y a la gestión Sagasti- en contraste con aquellos candidatos que simpatizan con estos dos sujetos amigos de la progresía marxista. Otra razón para no confiar en el jurado electoral, pues viene tratando con guante de seda a los aspirantes que representan a los partidos de izquierda. Hasta ahora, la direccionalidad del jurado electoral es evidente, constituyéndose en amenaza para unas elecciones confiables y transparentes.

Por donde se le observe, Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Nacional, ha sido medido con diferente vara que la usada en el caso del impresentable Martín Vizcarra, postulante a congresista de la República. El primero comentó durante una entrevista periodística que a lo largo de su trayectoria como empresario ha optado por donar la mitad de sus ingresos por salarios para obras de beneficio. Pero cuando el entrevistador repreguntó qué haría con el sueldo de presidente de la República (15 mil quinientos soles) López Aliaga respondió pues “continuaría con mi compromiso” de regalar la mitad de sus remuneraciones para obra social. Por esta respuesta, resulta que el Jurado Especial decidió declarar inválida su candidatura. En contraste con ello, Martín Vizcarra se pasea cual Pedro por su casa habiendo sido vacado de la jefatura del Estado por “permanente incapacidad moral”, independientemente del cúmulo de escándalos públicos que le rodean. Entre los que figura su comprobada mendacidad e inmoralidad, por haberse hecho vacunar en octubre contra la covid-19 de manera no sólo subrepticia sino ilegal, ya que Digemid todavía no había validado la vacuna china. Asimismo, pesan sobre él sendas grabaciones de pública difusión, donde coordina con sus subalternos obstruir a la justicia escondiendo los registros de ingreso de visitas al despacho presidencial, entre otras barbaridades. Y por si fuera insuficiente, están las investigaciones que lleva sobre él el Ministerio Público. Sin embargo los miembros del JEE le han tratado con guantes de seda, permitiendo que un falsario -con “permanente incapacidad moral”- postule a un escaño en el recinto donde se dictan nuestras leyes.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones -por lo demás, juez supremo de la República durante unas elecciones cruciales para el Perú- debe corregir semejantes abusos cometidos por el Jurado Electoral Especial, tanto proscribiendo la postulación al Parlamento de Vizcarra, como dejando sin efecto la invalidez de la postulación presidencial de López Aliaga.