Parece que en la sociedad de nuestros días aún no se han superado las manifestaciones de odio. Cada vez que existe riesgo para los valores e ideas imperantes o sentimientos extremos, peligros que provienen de algún sector minoritario o por cuestiones reales como oportunidades de empleo, ascenso o desarrollo económico, surgen una y otra vez. Hay quienes asumen el liderazgo para entender estas otras formas de vida, actuación u origen mientras exterioricen posiciones razonables y expongan la problemática que plantean. Y todo ello dentro de los límites que impone el marco del respeto de la dignidad humana. En realidad, no debería tratarse más que de expresiones de la deliberación y democracia que debe caracterizar a una sociedad moderna.

En el plano internacional podemos dar cuenta de algunos casos de manifestaciones de odio. En 2011, por ejemplo, se condenó en la comunidad española de Manresa a un miembro de un partido político por el delito de provocación a la violencia, odio y discriminación. El sentenciado había distribuido un panfleto que ironizaba con comentarios degradantes el trato que se daba a los musulmanes. La sentencia respectiva estableció que la libertad de expresión no podía dar cobertura a “discursos de odio”. Otro ejemplo es el caso Féret vs. Bélgica, del año 2009, en el que se distribuyeron pasquines de un partido de extrema derecha que incitaba a la expatriación de inmigrantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, fue el ente que tomó conocimiento de este caso.

En el plano local la situación es muy similar. Nos llama la atención, por ejemplo, las expresiones de algunos personajes de nuestra política respecto a la actual situación de los inmigrantes venezolanos. Luego de caer en una falacia de generalización, una minoría de tales políticos pretende tomar la bandera de la expulsión de “los venezolanos” como si todos ellos estuvieran en condición de ilegales o tuvieran que asumir la responsabilidad de actos delictivos por los que solo deben responder sus autores.

Las manifestaciones de odio como tales no están tipificadas en la normativa penal nacional. Pero esto no significa que únicamente se castiguen los discursos ofensivos contra ciertos sectores sociales. También es necesario castigar a quienes provoquen la violencia y fomenten de manera implícita o explícita conductas hostiles contra determinados grupos movidos por prejuicios o razones de orden subjetivo, como es el caso del aprovechamiento político. No obstante, sí podrían considerarse dichas conductas dentro del tipo penal previsto en el artículo 323° de nuestro Código Penal (discriminación e incitación a la discriminación) en la medida en que manifestaciones contra “otros” por su origen o condición migratoria puede significar anular o menoscabar el reconocimiento del ejercicio de determinados derechos, como los de trabajar, residir, generar empresa, recibir educación o servicios de salud, entre otros.

En pleno contexto electoral, con una situación de crisis política y económica por la emergencia sanitaria debido a la covid-19, es poco pertinente y además contrario a la humanidad realizar manifestaciones de odio que lejos de integrar avivan rencores y marcan distancias en una sociedad que requiere más bien solidaridad y unir fuerzas para superar todo tipo de obstáculos.