El 28 de diciembre de todos los años se conmemora el Día de los Santos Inocentes, un suceso hagiográfico del cristianismo: la ejecución de los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I con el fin de eliminar al recién nacido Jesús de Nazaret. En los tiempos actuales, justificar un acto de poder de esta naturaleza sería imposible, aunque la interrupción del embarazo sí está legalizada de manera excepcional y hasta cierto período de la gestación. Con el paso del tiempo, parece ser que la legalización de aborto está muy cerca de materializarse en nuestro ordenamiento, sobre todo si se tiene en cuenta que ha tratado de superar hasta las excepciones de riesgo inminente para la vida de madre, inviabilidad del feto o por ser este producto de una violación, todo lo cual ha conllevado al constante debate.

Más allá de la polémica sobre si la protección de la vida humana debe empezar con la fecundación o formación del embrión o si este amerita tutela jurídica cuando anida en el útero de la madre, lo cierto es que el concebido no nacido es vida de un ser humano en formación. Y en estas condiciones se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por cuanto no puede sobrevivir de modo autónomo ni tampoco manifestar su voluntad o ejercer su defensa. Aunque, naturalmente, esto último puede corresponder a sus progenitores.

Por un instante, coloquémonos en la situación de que la defensa del no nacido, por razones ajenas o propias a la voluntad de sus progenitores, no puede ser ejercida. Inclusive son estos últimos quienes individualmente o en conjunto han tomado la decisión de acabar con su desarrollo y también realizar actos u omitir obligaciones que finalmente inciden en su vida e integridad. Pregunta: ¿Quién ejerce su defensa? En estos tiempos en los que el derecho ha evolucionado hasta lograr el reconocimiento de la representatividad del planeta, de los animales silvestres y domésticos, ¿quién se hace cargo de representar al que no ha nacido? ¿Cómo hacer efectivos los derechos de los no nacidos frente a las pretensiones de legalización del aborto o frente al daño fetal doloso? ¿O por negligencia u omisión de deberes en relación a los servicios adecuados de salud?

Tanto la jurisprudencia nacional como supranacional aún no han dado respuestas contundentes para estas interrogantes. Más bien, ambas se han concentrado en la discusión de si el no nacido es persona o no, lo cual ha conllevado a que la designación de su defensa oficial y eficaz esté lejos de materializarse. Esta responsabilidad debería recaer en el Estado a través de órganos como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, que podrían asumir su representación tanto en situaciones concretas como frente a políticas públicas que produzcan efectos sobre ellos.

Si la madre no desea que su bebé nazca, alguien debería asumir la defensa del derecho a nacer y desarrollarse sin injerencias arbitrarias. Inicialmente, podría ser el progenitor y, subsidiariamente, el Estado. Se suele abogar por los derechos de la mujer embarazada, a decidir sobre su cuerpo y su libertad, pero ¿quién aboga por los derechos del no nacido? Por ahora, se ha logrado convertir en ineficaces las autorizaciones legales para la interrupción del embarazo a través de la alegación médica de no practicar abortos por ser contrarios a sus convicciones, esto es, alegar la objeción de conciencia. ¡Imaginemos esta misma objeción o rechazo por parte de legisladores o gobernantes en pro de los más débiles!