Por Carlos de la Torre Paredes

Según el contralor general de la república, Nelson Shack, el 2019 la corrupción ocasionó un costo al Estado peruano de S/ 23,297 millones, el 2020 el monto ascendió a S/ 22,059 millones. Del 2021 aún no se tienen cifras, pero hemos retrocedido 8 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional con respecto al 2020.

Estos montos escandalosos reflejan la gran extensión de la corrupción en nuestras instituciones, y el consecuente daño que hace a todos los peruanos, al limitar y perjudicar la calidad de los servicios brindados por el Estado (salud, educación, seguridad y todos los demás).

Por eso resulta interesante analizar la última encuesta de opinión pública de CPI, realizada entre el 30 de mayo y el 4 de junio, en la cual sale a la luz la poca importancia que nuestra sociedad le da al tema de la corrupción.

Al momento de sondear la desaprobación de Castillo, que se encontró en 71.4% de los encuestados, la empresa determinó que, aproximadamente el 47.9% de quienes lo desaprueban lo hacen por su falta de “capacidad” o porque “no está preparado”, y solo el 5.5% lo hace por vincularlo directa o indirectamente con supuestos actos de corrupción.

Esto a pesar de que, constantemente, aparecen nuevas acusaciones de corrupción vinculadas a altos funcionarios del Estado e incluso al mismo Castillo.

Esta falta de preocupación por la corrupción no es algo nuevo; incluso hace algunos años se acuñó la célebre y triste frase “roba, pero hace obras”. Nuestra sociedad ha normalizado la corrupción.

En este contexto sociocultural, la narrativa de victimización y polarización que viene aplicando el Gobierno parece estar dando resultado para alejar, del imaginario colectivo, a Castillo de los presuntos actos de corrupción. Y el que casi la mitad de sus detractores lo consideren “incapaz”, es una muestra de este resultado, pues refuerza la narrativa victimista, que, a pesar de debilitarlo políticamente, evita una movilización masiva en su contra, porque “en el fondo no tiene la culpa”.

La figura del profesor rural, campesino, sin conocimientos del funcionamiento del Estado ni de la política, genera un estereotipo difícil de vincular con actos ilícitos.

La utilización de estereotipos es funcional al marketing político: la imagen de Castillo en el campo, con sombrero y sin zapatos, durante la campaña, impactó de tal forma, que aún parece mantenerse en el imaginario de muchos peruanos.

Impregnado de esta narrativa, el Gobierno encuentra enemigos (internos y externos) con mucha facilidad. Cerrón, Keiko, “El Congreso”, los medios de comunicación, e incluso el mismo Castillo, son entidades que dificultan el trabajo de quien “no está preparado”.

En pocas palabras, incluso para muchos de quienes piden su salida, Castillo no termina de tener responsabilidad de los presuntos malos manejos y actos de corrupción de los que se acusa a su gobierno; esto a pesar de haberse abierto una investigación fiscal en su contra, y de que un gran porcentaje de los encuestados, el 30.6%, lo considera el personaje que más daño ha causado al Perú en lo que va del gobierno; le siguen Keiko Fujimori y el fujimorismo con 20.5%, Vladimir Cerrón y Perú Libre con 17.2%, y el Congreso de la República con solo 2.8%.

Respecto a su aprobación, fue del 20.7% de los encuestados y, de esos, un 23.2% lo respalda porque “la oposición/el congreso no lo deja trabajar”. Estadística que se complementa con la de a quién se considera la principal oposición al Gobierno: un 39.5% de los encuestados dice que es Keiko Fujimori y su partido, seguida muy de lejos por Rafael López Aliaga y su partido, con solo 4.2%. Cifras congruentes con la estrategia de victimización y polarización del Gobierno.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.