La incoherencia de la cuestión de confianza

La incoherencia de la cuestión de confianza

John Locke teorizó la separación de las funciones y atribuciones entre varios órganos constitucionales, como garantía de la libertad y primacía del derecho sobre la voluntad del gobernante. Desde entonces, no existe la obligación de obedecer en todo al jefe de gobierno, con la única excepción, en el parlamentarismo, de los diputados del partido del primer ministro, que es jefe de gobierno.

Tiene lógica, pues solo hay un tipo de elección, la parlamentaria; entonces para gobernar hay que obtener el mayor número de escaños, el jefe de Estado que es neutral, llamará a presidir el gobierno al diputado líder del partido ganador, éste debe formar un gabinete integrando a los dirigentes de las facciones de su partido, y si es necesario, a los líderes de los partidos menores con los que logró la mayoría absoluta. Solo así, se presenta ante la Cámara de la cual ya es líder, habiendo asegurado el Voto de Confianza. Ya investido, se convierte en primer ministro, un verdadero jefe de gobierno encargado de realizar los programas partidarios o los elaborados dentro de la alianza. La mayoría se preocupa de apoyar al gabinete y la minoría de hacer oposición y distinguirse como alternativa al gobierno ante el electorado.

Excepcionalmente, en una iniciativa legislativa importante pero controvertida, parte de la mayoría podría dejar de apoyar al gabinete, ante lo cual, el primer ministro podría presentar una cuestión de confianza que signifique votar por el proyecto o pedir al jefe de Estado que disuelva la Cámara y convoque a nuevas elecciones; ante el conflicto al interior del partido gobernante, lo más probable es que venza el partido opositor, por lo que en la práctica, el primer ministro que es líder del partido y del grupo parlamentario mayoritario, amenace a sus propios diputados díscolos con dinamitar el privilegiado espacio que gozan todos.

Desde el retorno de la democracia española, solo se han presentado dos CdC, pues realmente es algo extraordinario y políticamente suicida. El Perú sumido en una grave confrontación que empezó entre partidarios y detractores de Keiko Fujimori, y se ha prolongado en torno al gobierno de Pedro Castillo, la CdC se ha convertido en un arma arrojadiza contra la oposición.

Desnaturalizándose al usarla para exigir a los partidos opositores, que recibieron un mandato popular contrario al de Perú Libre, a aprobar iniciativas de un gobierno ajeno. Obviamente, la CdC no es coherente con el peculiar presidencialismo peruano y debe ser eliminada de la Constitución. El equilibrio de poderes estaría a salvo, pues el gobierno quedaría protegido con la disolución parlamentaria si, por segunda vez, se le niega el Voto de Confianza inicial o se censura al gabinete ministerial.

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