Tras el epílogo de la Segunda Guerra Mundial se advirtió la necesidad de universalizar el compromiso de los Estados para con sus ciudadanos con el fin de garantizar la plena vigencia de los derechos individuales mediante mecanismos de judicialización a nivel supranacional. Fue así que con el paso del tiempo tomó mayor trascendencia la doctrina de reconocimiento de igual eficacia para los derechos económicos, sociales y culturales, a la par que se avanzó en el reconocimiento y exigibilidad de derechos como la consulta previa para los pueblos indígenas, el reconocimiento de capacidad jurídica para las personas con discapacidad, la protección especial para las mujeres en contextos de violencia y el acceso a la educación pluricultural, entre otros. No obstante, también quedaron en el camino medidas y acciones concretas para optimizar el acceso y goce de derechos ya reconocidos en razón de que debían cumplir con determinados estándares de calidad.

En el medio peruano de hoy, las oleadas que traen a la superficie la ausencia o carencia de medidas para la plena eficacia de los derechos humanos evidencian una desatención por parte del Estado, lo cual crea una atmósfera preocupante. La fotografía de nuestra realidad actual nos muestra centros de reclusión que funcionan sin ofrecer las menores condiciones de seguridad para la vida y salud de los internos y de los trabajadores penitenciarios, ciudadanos que viven una situación de incertidumbre debido a que no tienen recursos para pagar los servicios de salud privados porque los públicos colapsaron o no pueden disponer de los fondos previsionales que estaban destinados para la tranquilidad de sus años futuros. Sin importar la tendencia ideológica que se pueda tener, cuando una persona no tiene acceso a la educación difícilmente podrá tener condiciones para una vida digna. Asimismo, si el servicio de salud es limitado una persona enferma difícilmente podrá recuperarse e incluso vivir. Se asume, entonces, que más allá de las oleadas todos los derechos son interdependientes.

Más allá de la modernidad y estética de ciertos cambios, un Estado que respeta los derechos fundamentales de sus ciudadanos es un Estado seguro. En ese sentido, y pese a lo negativo que pueda parecer, las guerras mundiales, los desastres naturales y las calamidades con alcances nacionales, regionales o mundiales han significado también un avance en materia de protección de derechos fundamentales, puesto que del reconocimiento de las necesidades y limitaciones tanto individuales como colectivas se puede extraer aprendizajes. Esta pandemia del Covid-19 nos deja uno muy importante: priorizar el gasto estatal para el mejoramiento de los servicios públicos que permitan atender derechos colectivos.

Además de aprender qué debe ser prioritario o no en el gasto público, también debemos considerar que la inacción o indolencia debe generar responsabilidad. Este sería el momento de analizar la posibilidad de integrar en nuestro ordenamiento jurídico una figura inexistente: la inconstitucionalidad por omisión, toda vez que mucho de lo que aparece en la postal de nuestra realidad presente se pudo haber evitado con acciones oportunas y efectivas. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos subraya que el desconocimiento y menosprecio de los derechos solo genera actos de barbarie que efectivamente ultrajan la conciencia de la humanidad. Una inacción de tantos años, también.