Los parlamentos representan las diferentes y contradictorias corrientes de opinión, por lo que el debate suele ser duro, hasta donde lo permitan sus reglamentos internos. También es función esencial ejercer el control político a los gobernantes, siendo inevitable que hiera susceptibilidades. Nada de eso se podría hacer si el parlamentario se ve desprotegido, pudiendo ser denunciado penalmente por una mafia o funcionario corrupto, ya sea por sus discursos, pedidos o sus votos. Los sistemas jurídicos de la inmensa mayoría de regímenes democráticos conceden una capa de protección a la labor parlamentaria; la inmunidad y el antejuicio no son reliquias históricas, hoy son tan necesarias como fuertes son los grupos de interés que rodean a los presidentes.

Antes de Kuczynski no fue tan imperiosa la necesidad de eliminar la inmunidad parlamentaria. Los pedidos de la Corte Suprema que no fueron prontamente atendidos por el Congreso, como el caso de Edwin Donayre, comprendían delitos cometidos en el pasado, siendo factible reformar la ley para que la Mesa Directiva autorice el levantamiento del fuero en 72 horas, descartando antes el uso malicioso de la maquinaria judicial para amedrentar a un parlamentario incómodo al poder. Los anecdóticos errores no justifican la eliminación de la protección, tratándose de un país donde la independencia y autonomía de sus jueces y fiscales suele ponerse en duda.

La inmunidad parlamentaria y el antejuicio son elementos necesarios para cualquier régimen político que pretenda un funcionamiento democrático. Tanto para los parlamentarios como para ministros, jueces supremos y magistrados constitucionales, quienes cotidianamente deben decidir temas gravísimos dejando una estela de perjudicados; lo contrario, tendría como consecuencia la búsqueda de excusas para evitar votar, ejecutar o resolver cuestiones difíciles, o peor, hacerlo de acuerdo al cálculo cobarde obedeciendo al poderoso.

Al Congreso se le obligó a aprobar la no reelección, el TC le obligó a aceptar el transfuguismo, ahora se le quiere quitar la inmunidad y el antejuicio. Nuevos grupos de poder no representativo desarrollan una estrategia para vaciar de verdadero contenido político al ejercicio del gobierno, apelando al populismo, apuntalando al Ejecutivo como órgano dominante. No se explica de otra manera, que siendo atacados por una pandemia que parece haber provocado la muerte de más de 40 mil peruanos, y en vísperas de la crisis económica más grave desde la Guerra del Pacífico, sea tan importante efectuar algunas reformas que deberían ser estudiadas y debatidas con criterio técnico, pues como toda modificación constitucional, deben responder a grandes consensos y vocación de futuro, nunca a las emociones del momento.