La inobservancia del plan cierre de minas

La inobservancia del plan cierre de minas

El régimen legal para el cierre de minas en el Perú estuvo vigente con la Ley No. 28090 (Ley que Regula el Cierre de Minas, 2003), que posteriormente fue modificada por la Ley No. 31347 (Ley que Modifica la Ley No. 28090). Esta última ley fue publicada el 18 de agosto de 2021 y al igual que la anterior tiene por finalidad evitar la presencia de instalaciones mineras abandonadas y también pasivos ambientales de los que debe hacerse cargo el Estado, que finalmente es el que debe adoptar medidas para prevenir o mitigar los riesgos generados o rehabilitar las zonas ya afectadas.

El cierre de minas es un proceso complejo que puede durar varios años. Comprende una etapa inicial de desmantelamiento de instalaciones y el desecho cuidadoso de residuos para luego pasar a una etapa de rehabilitación de la zona afectada mediante tratamientos especiales que permitan, por ejemplo, volver a tener vegetación.

Ocasionalmente, también es necesario controles posteriores para monitorear la calidad del agua o la seguridad o estabilidad del terreno. Uno de los casos más conocidos sobre este tema fue del de la minera Quiruvilca, en la cuenca alta del río Moche en La Libertad, que una vez terminada su vida útil en el año 2019 abandonó sus obligaciones relativas al cierre de la mina en marzo de ese mismo año. Como consecuencia, en el 2018 se declaró en emergencia los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande ante el posible desborde y ruptura de los diques de los relaves de la referida unidad minera. El Estado tuvo que asumir las medidas correctivas inmediatas.

La normativa citada exige la elaboración de un plan para el cierre de minas que debe ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas si se trata de mediana y gran minería y de los gobiernos regionales si se trata de pequeña minería o de minería artesanal. Entiéndase que el cierre de minas debe ser controlado y fiscalizado por el Estado, principalmente por los posibles efectos nocivos que el ambiente puede tener sobre la población aledaña.

La inobservancia de la normativa correspondiente al cierre de minas ha dado lugar a la modificación del artículo 305°. del Código Penal prevista por la Ley No. 31347. De acuerdo con esta modificación, el delito de contaminación se incorpora como una circunstancia agravante específica en el numeral 4 del referido Código: desactivar o dejar inactivas áreas, labores o instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir el respectivo Plan de Cierre de Minas aprobado. Esta figura penal alcanza únicamente a los representantes de las empresas mineras obligadas a cumplir el plan indicado. Las empresas mineras que infraccionen este deber deben recibir el reproche penal porque justamente la inobservancia de esta obligación genera un riesgo potencial o un daño efectivo al ambiente y a la calidad de la salud ambiental.

La sanción prevista para estos casos ha sido fijada entre cuatro y siete años de pena privativa de libertad, además de la pena de multa. La relevancia penal debe observarse como ultima ratio y ante conductas dolosas, siendo más importante contar con las garantías económicas y las medidas cautelares financieras adecuadas para asegurar la liquidez y con ello cubrir los costos del cierre.

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