El día domingo ya estaba claro que algunas bancadas otorgarían el voto de confianza al segundo Consejo de Ministros del régimen. La excusa para tremenda ingenuidad es que si bien advertían la presencia de ministros cuestionados, preferían usar posteriormente los mecanismos de la interpelación y la censura para lograr su remoción.

Es obvio que estas razones, o sinrazones, le fueron adelantadas a la jefa del gabinete ministerial en las reuniones sostenidas por ella con las bancadas. Eso explica la irrespetuosa terquedad con que la segunda de a bordo en el Poder Ejecutivo ha mantenido a varios ministros con serios cuestionamientos, que van desde el favorecimiento al narcotráfico hasta vinculación con el terrorismo, pasando por deméritos laborales y funcionales en sus hojas de vida.

Resulta muy lamentable tan grave falta de sindéresis, o de capacidad de tomar decisiones prudentes, de los congresistas de aquellas bancadas, ya que es evidente que la mayor, sino exclusiva, responsabilidad de la presencia de indeseables en el gabinete recae justamente en su presidenta, que es quien no solo ha firmado las resoluciones supremas designándolos sino que de acuerdo al artículo 122° de la Constitución es quien propone los ministros al presidente de la República y en acuerdo con él los nombra y puede removerlos y que si no lograra la anuencia del jefe de Estado para esto último, debería ella misma renunciar al cargo.

Ir por la interpelación y/o la censura, es de inicio desnaturalizar, pervertir, los fines de esas instituciones de relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ya que que ellas están destinadas a resolver aspectos de responsabilidad funcional y política de los interpelados o censurados; no deben ser usadas para limpiar al gabinete de malos elementos, como es el caso de al menos dos de los ministros puestos en evidencia, el del Interior y el de Educación. Más aún, interpelación y censura tienen plazos de procedimiento, fijados por la misma Constitución en sus artículos 131° y 132°, que deben observarse, lo que en el caso concreto confirma que no son idóneos para evitarle al país el grave e irreversible daño que, sin duda alguna, causa cada día de permanencia en el cargo de tales funcionarios.

Suspendida abruptamente la sesión plenaria por el lamentable fallecimiento de un congresista oficialista, solo la bancada de Fuerza Popular había anunciado su decisión de no otorgar el voto de confianza. Otras dos bancadas sugirieron ello, pero sin la contundencia necesaria.

No perdemos la esperanza que el Congreso niegue la confianza al gabinete Vásquez.

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