La interrupción de la prescripción de la pena

La interrupción de la prescripción de la pena

En la literatura penal muy poco se ha desarrollado sobre la prescripción de la pena. Este instituto importa que el sentenciado que no está cumpliendo la sanción impuesta (regularmente por sustraerse del poder punitivo), una vez transcurrido determinado plazo legal, puede considerar la extinción de la sanción, computado aquello desde que la sentencia condenatoria quedó firme o desde que se quebró la condena, justamente por la imposición de límites temporales al poder punitivo del Estado. De acuerdo a las modificaciones realizadas en los últimos años para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, trata de personas y explotación sexual, además de afectar la acción penal, se ha considerado los alcances de esta medida también para la pena. Esto último se advierte del artículo 88°-A del Código Penal, introducido por la Ley N° 30838 (agosto de 2018).

El artículo 87° del Código Penal vigente regula las razones de interrupción del plazo de prescripción de la pena, ello origina que el tiempo transcurrido quede sin efecto. La primera razón es que el sustraído de la justicia sea aprehendido en cuyo caso comenzará a cumplir su condena; la segunda razón es que el condenado sea aprehendido a causa de la comisión de un nuevo delito doloso. Este segundo supuesto es el que genera mayores dificultades puesto que nos coloca en la situación de considerar si es que basta que sea procesado por un nuevo hecho o que necesariamente tenga que ser sentenciado por aquel. El desarrollo jurisprudencial sobre este punto ha sido escaso y la reflexión doctrinaria también.

Desde nuestro punto de vista, considerando que la institución de la prescripción se guía por los principios de legalidad penal, pero, además, que los plazos y reglas de suspensión e interrupción se guían por la política criminal, es necesario reformar el artículo 87° en el punto señalado para dotar de certeza a esta segunda regla de interrupción de la pena y hacerla acorde con las exigencias constitucionales. Para ello es necesario que se trate la sentencia por un nuevo delito doloso por dos razones: la presunción de inocencia y los efectos prácticos en relación con la prescripción de una nueva pena (si existe un régimen de acumulación de penas).

De igual manera, podría llevar a una reforma importante la adopción de un sistema en el que se no consideren los mismos plazos de prescripción de la acción penal, cuando se trata de dos condiciones diferentes (procesado – sentenciado), por lo que no debieran tener el mismo trato. En todo caso, la prescripción de la pena debe implicar el plazo equivalente a la pena impuesta con el fin de evitar excesos en ese nivel. Además, están pendientes de regulación las particulares reglas de prescripción en situaciones de refundición y sustitución de las penas o cuando se apliquen penas conjuntas o accesorias. Como se puede observar, nuestro legislador penal tiene todavía desafíos importantes que asumir.

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