El apartado 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece que “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta…”.

Esta disposición contenida en la norma que inspira el funcionamiento del organismo internacional que congrega a 193 países del mundo, consagra el principio de no intervención, como criterio que obliga a los Estados a tenerse que abstener de intervenir, ya sea en forma directa o indirecta, en los asuntos internos de cualquier otro Estado.

El Derecho de Gentes, que inspira hoy al Derecho Internacional Público, establecía, como criterio fundamental, el respeto a los principios de igualdad jurídica y la independencia de los Estados, así como el principio de no intervencionismo en los asuntos internos de los mismos.

Estos principios rectores que sirven de guía orientadora del funcionamiento de la sociedad internacional, tienen como base conceptual el reconocer que los Estados gozan de soberanía, como atributo inherente a él y que reside en el pueblo, y entendida como máximo poder dentro del Estado, permitiéndole normar y regular la conducta ajena (de los gobernantes y los gobernados) que se encuentran dentro de su territorio.

En ese sentido, se debe destacar que la soberanía comprende la capacidad del Estado para actuar con autonomía e independencia, resumida en su efectiva posibilidad de autodeterminación. Todo ello significa que, dentro del marco de las relaciones internacionales, los Estados deben actuar respetando el principio de igualdad que comprende el derecho que tienen de elegir con libertad el sistema político, económico y social que decidan, así como la ideología que inspire dicha decisión. Por cierto, los Estados actuarán dentro de ese marco, pero sin que al hacerlo afecte o violente la soberanía de cualquier otro u otros Estados; bajo el mismo principio de que “el derecho de las personas termina donde comienza el derecho de los demás”.

El traer a la memoria todos estos postulados rectores es para decirle al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que su afán populista lo está llevando por un camino total y absolutamente equivocado y, que en lugar de promover la integración de los pueblos latinoamericanos, está incentivando a una polarización que facilite el manejo hegemónico de las grandes potencias.

Al respecto, hay que recordarle a AMLO que su compatriota, Genaro Estrada Félix (1887-1937), quien fuera secretario de Relaciones Exteriores, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), a través de un documento que fuera remitido a los representantes mexicanos en el exterior, el 27 de setiembre de 1930, precisó criterios en base a los cuales debía funcionar la política exterior mexicana; dando nacimiento a lo que luego se conoció como la “Doctrina Estrada”.

En el indicado documento, Estrada precisa que México no está de acuerdo “…de otorgar reconocimientos porque considera que ésta es una práctica denigrante, que sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la legalidad de regímenes extranjeros…”, razón por la cual, la conducta de México debe limitarse a “…mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”. Más claro, ni el agua.

En consecuencia, señor AMLO ocúpese de los asuntos internos de su país, que es su obligación de atenderlos en su condición de presidente; y no se inmiscuya en los nuestros. El Perú no lo ha “invitado” y, con la última decisión del Congreso peruano, ha quedado claro que su persona no es grata, así que trate de recuperar la racionalidad en su discurso; pues, la población peruana considera que, a sus “palabras necias, oídos sordos”.

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