La izquierda sigue ajustando su tuerca totalitaria en el Perú. Tras decapitar a la Policía y someter a “evaluación” a las Fuerzas Armadas, hoy apunta a solazarse empitonando a sus detractores apelando a Sunat como instrumento coercitivo, so pretexto de “evitar la evasión tributaria”. Ya antes, motivada por la pandemia ensayaba fórmulas para amedrentar a la población sometiéndola virtualmente a encarcelamientos domiciliarios. Hoy, pretextando que estamos bajo Estado de Sitio -en lo que el régimen jacobino ha convertido al Estado de Emergencia de la Constitución- sin permiso de juez alguno la Policía ingresa a domicilios donde sospeche que estaría violándose el Estado de Emergencia y detiene a quienes encuentre. Sin embargo, últimamente y en sigilo este estado policiaco -que está creando la progresía marxista- persigue a ciudadanos que pisan la arena en las playas acusándoles de subvertir la norma y promover el contagio del covid. Aunque la gestión Sagasti no sólo admite –sino que fomenta- las marchas callejeras, claros focos de contagio.

Ocurrió cuando el partido morado inventó el grito de guerra “Merino golpista, Merino asesino, Merino ladrón”, y todos sus simpatizantes lanzaron ladrillos y bombas Molotov a la Policía que estaba preservando el Congreso, zona prohibida para manifestaciones. Sin embargo, sin investigación fiscal alguna ni sentencia de juez acreditado, Sagasti inculpó a la Policía por el fallecimiento de dos requisitoriados, a quienes además convirtiera en héroes nacionales delante del propio cenáculo congresal. Luego, durante las protestas en Ica y Virú Sagasti dejó hacer, dejó pasar a una turba subversiva, so pretexto de defender la “libertad de protesta”. Aunque lo que realmente fomentó Sagasti fue el cierre incendiario de carreteras, como ni siquiera sendero lograría hacerlo. ¿Resultado? Pues hubo muertos. Y nuevamente Sagasti salió en defensa del lumpen subversivo, condenando etéreamente “a quienes incitan a la violencia” y sancionando ”a los policías que desacataron la prohibición de usar sus armas”. Pero, ¿acaso Sagasti es magistrado para condenar a quienes violan la ley? ¡Sólo fiscales y jueces procesan y condenan a quienes cierran carreteras y/o tiran ladrillos y bombas Molotov a la Policía! ¿Acaso Sagasti y/o Elice han denunciado este crimen ante la Fiscalía?

Pero hay más. Recientemente el chavismo volvería a afilar sus garras violentando la Constitución, tras rubricar un decreto supremo que borra de un plumazo el derecho constitucional al secreto bancario. Según realza el destacado hombre de leyes Enrique Ghersi el TC ya había emitido sentencias en este sentido. “La más importante en 2014 (…)” en la cual precisa que “existe el derecho a la intimidad financiera como parte del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 2 de la Constitución.” ¡Más claro, ni el agua! Evidentemente se trata de otra artimaña para intimidar a la ciudadanía con el propósito de mantenerla arrinconada, a merced de la voluntad del inquilino de palacio. En otras palabras, otra táctica para consolidar la majestad de un Estado omnipotente, que permita al autócrata mangonear sin protestas opositoras, porque a la primera de bastos la Sunat denunciará al “contrarrevolucionario” que objete al progre-marxismo.