La única denuncia interpuesta contra Zoraida Ávalos por sus relaciones extraprocesales con Martín Vizcarra ha sido archivada por la Junta Nacional de Justicia entre gallos y medianoche. Pues en ese momento se realizaba la audiencia donde se discutía la prisión preventiva de Vizcarra.

Esta denuncia nació cuando Karem Roca, asistente de Martín Vizcarra, reveló que él y la fiscal de la Nación tenían una comunicación continua que estaría interfiriendo con las funciones que debía ejercer de forma autónoma como la primera autoridad del Ministerio Público. Se supo también que esta institución se estaba usando como arma de persecución política contra el congresista Édgar Alarcón, pues las dos denuncias constitucionales interpuestas en su contra habrían obedecido a una orden recibida de palacio. Estos hechos graves mínimamente debían ser investigados, pero como ya es normal en la Junta Nacional de Justicia, la han blindado de forma descarada. Además, de haberse demorado en exceso en el inicio de su trámite, no convocaron a rendir su declaración al denunciante Fabio Noriega, ni tampoco a la testigo directa Karem Roca, a quien incluso Zoraida Ávalos amenazó con querellarla si no se retractaba de sus revelaciones.

Qué podemos esperar, si Zoraida Ávalos además de ser la fiscal a medida de Martín Vizcarra, ha sido parte de la comisión que nombró a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una cuello blando nombrando a los reemplazantes del Consejo Nacional de la Magistratura, desaparecido porque sus miembros resultaron ser unos cuello blancos.

La Junta Nacional de Justicia debe desaparecer, un nuevo Congreso debe sacar una ley y desactivar esta institución, pues sus miembros han demostrado en su corta vida que blindan a los jueces y fiscales funcionales a Odebrecht y a Martín Vizcarra. Esta situación es igual o peor a la que se cuestionó en los tiempos del CNM.