La legitimidad de la democracia como forma de vida política

La legitimidad de la democracia como forma de vida política

La democracia, como forma de gobierno, que defienden y promueven la casi totalidad de los países del mundo es una democracia representativa, en la que el pueblo indirectamente se administra a través de sus autoridades que legal y legítimamente ejercen el poder en su nombre y representación.

Los procesos electorales y las consultas y consultas populares sirven de instrumentos políticos que permiten la toma de decisiones, por parte de la ciudadanía, a fin de que el pueblo pueda dar su opinión respecto a la elección de sus autoridades o para dar a conocer su criterio sobre un asunto de interés general. Pero, hay que destacar que la participación ciudadana, vía estos mecanismos de participación, los Estados los deben tener institucionalizados en su ordenamiento jurídico interno, así como su correspondiente regulación para su aplicación.

Precisamente, en la regulación de la forma como se deben de llevar a cabo estos importantes procedimientos de participación ciudadana es donde se tiene que tener un especial cuidado, para evitar de que intereses particulares, de grupo o de partido político, sean los que inspiren la producción de normas legales que regulan las elecciones y las consultas populares; pues, eso puede generar que la fuente de inspiración sea particular, en lugar de ser el interés general el que motive la producción legislativa, respecto a estos asuntos en particular.

Esta es la razón por la que, en mi columna de hace varias semanas, me permití llamar la atención de que las normas electorales no deben modificarse en fechas cercanas a la convocatoria de un proceso electoral, o inmediatamente después de haberse llevado a cabo y, por cierto, menos cuando se encuentra en marcha un procesos eleccionario. Por supuesto que, si se trata de un proceso electoral “extraordinario”, como se tiene previsto llevarse a cabo próximamente en el Perú, deben producirse normas regulatorias “transitorias” que, en exclusividad, deben servir únicamente para ese evento eleccionario no previsto en épocas y condiciones normales.

Por lo tanto, frente a la eventualidad que se asoma en el escenario político nacional, se requiere que las normas que regulen el procedimiento eleccionario extraordinario, se realicen en atención a las características y regulaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, para observar la legalidad de la decisión, sin descuidar las inquietudes y aspiraciones de la población que es la que le va a dar, además, legitimidad a la producción de normas que expida el órgano legislativo.

En ese sentido, si la democracia, como forma de gobierno, implica la participación del pueblo en la toma de decisiones, la tendencia debe ser la de lograr de que la ciudadanía pueda expresar su opinión, vía los procedimientos o mecanismos que legalmente también están previstos en las normas que rigen el funcionamiento de una comunidad, y donde se garantice que “el derecho de las personas termina donde comienza el derecho de los demás”, de tal manera que la democracia se constituya en verdadera “forma de vida política”.

Para conseguir que el pueblo se involucre más y mejor en la dinámica política, y lograr alcanzar que la democracia no sea sólo representativa, sino también participativa, se necesita darle a la ciudadanía la información suficiente y veraz sobre los temas o asuntos sobre los cuales se requiere su opinión. Pero de una forma clara y sencilla y fácil de entender por el común de las personas; de tal manera que su opinión, además de estar informada, sea con criterio y responsabilidad.

En consecuencia, para comenzar a trabajar por esta generación, y las que nos sustituirán, se debe comenzar por atender con prontitud y efectividad en desarrollar la cultura política de la población o, lo que es lo mismo, preocupémonos por la educación, que es lo que sobre nada, o casi nada, se dice y menos se hace o decide.