En la memoria nacional quedarán registrados esa semana de crisis política y social en las que miles de peruanos superaron su temor al contagio de la covid-19 y salieron a marchar a las calles para manifestar su descontento con la situación vivida que finalmente llevó al cambio de dos presidentes de la República. Más allá de los propios pareceres u opiniones, el resultado reflejó la existencia de una gran insatisfacción social. Y que aun cuando esa insatisfacción provenga de una parte de la población, justamente porque vivimos en una democracia, se debe escuchar, dialogar y resolver las peticiones o reclamos que condujeron a muchos ciudadanos a tomar una postura radical.

La situación vivida no corresponde a la resistencia de ciudadanos que han asumido una posición radical y violenta contra un tirano. Más bien se trataría de muestras de desobediencia civil mediante los que determinados grupos han defendido sus posiciones basándose en que estas representan valores legítimos: que la autoridad sea debidamente elegida, la necesidad de una reforma constitucional, demanda de atención de necesidades básicas por la población en general o un sector en particular, etc. De hecho, en muchos lugares y países del mundo se han producido actos de desobediencia civil cuando los derechos fundamentales han sido afectados (afrodescendientes, indiferencia o aquiescencia a la violencia contra mujeres o discriminación y maltrato a los migrantes, entre otros). Sin embargo, cada vez que esto sucede existe el riesgo de que en medio de ciudadanos que marchan de forma pacífica para expresar libremente su sentir se infiltren grupos minúsculos cuyo propósito sobrepasa lo legal: la búsqueda de deslegitimar instituciones o generar caos o anarquía. Tal propósito ya no califica como legítimo.

Existen derechos y bienes colectivos que deben prevalecer ante este tipo de intenciones que traen como consecuencia otros excesos: opiniones y manifestaciones irresponsables que generalizan a la institución policial. No se puede deslegitimar a la policía por actos de naturaleza individual sobre los que aún no se han realizado las investigaciones pertinentes, máxime si desde hace ocho meses está en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Los posibles excesos cometidos por determinados miembros de la policía deben ser sancionados con el rigor que corresponde. Claro que sí. Para ello es indispensable separar los actos inaceptables y excesivos de la autoridad de aquellos que se hicieron en ejercicio de su deber. Así, si existe por parte de la autoridad una indicación de “pare” o “deténgase” o se colocaron rejas de protección, no queda más que entender que ir más allá está prohibido y que quebrantar esa prohibición nos coloca en una situación de peligro.

Todos, autoridad y ciudadanos, tenemos el deber de observar determinados límites para ejercer nuestros derechos. En temas de derechos fundamentales la mirada debe ser holística: el poder estatal tiene sus límites en un Estado constitucional de derecho. Todo ejercicio del poder se realiza con razonabilidad y proporcionalidad. Por otro lado, los ciudadanos tenemos derechos que deben ser ejercidos sobre la base de valores que darán legitimidad a nuestra actuación.