La legitimidad del gobierno

La legitimidad del gobierno

La legitimidad de un gobierno no depende de la aceptación de los militantes del partido perdedor en las elecciones, sino del cumplimiento de las normas legales que regulan el proceso electoral.
La observancia del principio de legalidad es la base de la legitimidad de las elecciones y del gobierno que se yergue como resultado de una victoria electoral.
Sería absurdo pensar que si la parte de la población que no está contenta con el candidato ganador se niega a aceptar su autoridad, esto lo deslegitimará y justificará su vacancia.
Advertimos que este es el pensamiento de la lideresa de Fuerza Popular, de su partido y aliados, que han declarado la guerra al Perú diciéndonos que no aceptarán la proclamación del candidato ganador como Presidente de la República, y tras haber interpuesto cuanta demanda maliciosa se les ha ocurrido, pretenden continuar la comisión de múltiples delitos, amenazándonos a todos los peruanos con que: “…esto sólo recién comienza”.
Si la legitimidad de un gobierno dependiera de la buena voluntad de los medios de comunicación y de la aceptación de quienes no aceptan su derrota electoral, estaríamos en un serio problema de deslegitimación amoral de la legitimidad, y habríamos caído en aceptar que una organización política pueda quebrar el Estado de Derecho, el Orden Constitucional y la misma Democracia que contrariamente a sus actos invoca defender.
Con abogados que han demandado ilegalmente ampliación del horario para presentar recursos de nulidad fabricados con argumentos falsos que los propios implicados han desmentido; que han exigido se actúen pruebas a sabiendas que no existe etapa probatoria en procedimiento de impugnación o nulidad electoral, engañando a la población con una supuesta negativa del JNE para favorecer al candidato ganador, han montado un vergonzante fraude sin precedentes en la historia electoral del país.
El objetivo es muy evidente: deslegitimar el resultado y deslegitimar al ganador para socavar su autoridad y provocar su vacancia, estratagema antidemocrática que sin escrúpulos han anunciado para poner a un congresista golpista como presidente.
La legitimidad del nuevo gobierno que por imperio de la Constitución no depende de la aceptación de los perdedores en las elecciones, sino del comportamiento debido de las instituciones del Estado, tendrá que contar con una Fiscalía de la Nación que asuma con firmeza sus funciones constitucionales, un Poder Judicial que no se deje amedrentar y un Congreso que no sirva al innoble fin de proteger intereses subalternos en contra de la Patria.

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