Contra la Ley 31355, que fuera observada y, luego aprobada su insistencia por el Congreso de la República, como ya lo habían anunciado algunos ministros de Estado, se ha promovido una acción de inconstitucionalidad, con la finalidad de conseguir su anulación por decisión del Tribunal Constitucional.

Políticamente resulta comprensible la reacción del Poder Ejecutivo al hacer uso de los mecanismos que tiene previsto nuestro ordenamiento jurídico, para manifestar una opinión discrepante con lo resuelto por el Parlamento.

Pero, asimismo, hay que tener presente que el malestar generado en las altas esferas de la presidencia de la república es la exteriorización a un sentimiento político que evidencia la intención del jefe de Estado para, en algún momento, volver a utilizar esta facultad, como es el rechazo de confianza, de la misma forma como, ilegal e inconstitucionalmente, lo hizo el expresidente Vizcarra cuando disolvió el Congreso.

Esta ley se le puede calificar como de interpretación auténtica de un dispositivo constitucional, o de lograr su reglamentación (llámesele como quiera) pero lo cierto es que este nuevo dispositivo legal va a evitar, nuevamente, el uso del rechazo de confianza de una manera abusiva por parte del Ejecutivo.

Si la experiencia nos dice que el equilibrio de poderes se desnaturalizó al aplicarse el criterio de rechazo de confianza, en forma ficta (termino o concepto que no se encuentra en ninguna parte de nuestra Constitución), como muchas otras decisiones presidenciales, se produjeron muy alejadas de lo formalmente previsto en nuestro ordenamiento constitucional vigente; entonces, esta ley era necesaria para evitar que se vuelva a violentar el principio de jerarquía de las normas.

Para el efecto y, en atención a lo instaurado en la Constitución vigente y en el Reglamento Interno del Congreso, la representación parlamentaria actuó dentro de esas consideraciones y márgenes establecidos; en consecuencia, no se ha incurrido en ninguna inconstitucionalidad que permita al Tribunal Constitucional decretar su anulación. El que se haya actuado con prontitud y rapidez para conseguir su aprobación, no significa que sea inconstitucional; pues, la dinámica de la labor legislativa está en función de la voluntad política de los congresistas.

Por otro lado: el contenido de esta nueva ley está orientado a precisar la intención del constituyente, así como a enfatizar sobre los alcances del planteamiento de la cuestión de confianza.

Precisamente, para no afectar el tantas veces mencionado “equilibrio de poderes”; el plantear la cuestión de confianza tiene que estar fundada en facultades que le competen al propio Poder Ejecutivo y no, como se pretende, a las atribuciones que, en exclusividad le corresponden al Congreso. Esto es lo que precisa la ley en cuestión; lo cual es correcto y necesario.

Asimismo, se ha señalado cuándo no es posible que se formule la cuestión de confianza. Con relación a ello, se debe de tener presente que, si el presidente de la república no puede observar una reforma constitucional aprobada por el Parlamento, menos podrá tener capacidad para plantear la cuestión de confianza si no se aprueba como él desea.

Razón por la cual, este nuevo dispositivo legal lo que hace es enfatizar sobre lo que ya está dispuesto en la norma constitucional. Lo cual significa que, por eso lado, tampoco hay ningún vicio de inconstitucionalidad.

Lo comentado por los voceros del actual equipo ministerial, en el sentido de que la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo, respecto a la vacancia presidencial por incapacidad moral, tenía que haberse tratado junto con la del rechazo de confianza, no tiene ningún fundamento válido. Pues, son dos instituciones políticas que tienen orígenes y efectos distintos,

El rechazo de confianza nace por iniciativa ministerial y su efecto es el de posibilitar el retiro de un ministro o de todo el Consejo; y la vacancia por incapacidad permanente se origina por iniciativa legislativa, como medio de control político, y su consecuencia es la destitución del presidente de la república.

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