Postergué hasta el último momento posible el envío de este artículo, buscando poder referirme a una norma ya aprobada por el Congreso de la República. Pero realizado ayer un pobre debate matinal (en dos horas asignadas como tiempo total para la discusión y apenas dos minutos por congresista, siempre que muchos otros no intervengan) y a la espera de un texto sustitutorio para ser votado, casi entrada la noche aún no estaba listo dicho texto.

Más allá de las observaciones que logré plantear en dos minutos más treinta segundos de “benévola” concesión, quedaron otras que no logré siquiera mencionar a la ligera.

Comienzo por decir que descarto que sean “trabajadores del agro” aquellos que bloqueadas las carreteras (con su participación o no) apedrean criminalmente a los vehículos de transporte público o particular llenos de pasajeros. Más aún, que intercepten y destruyen una ambulancia y lesionen a quienes la conducían e integraban su dotación de servicio.

Considero además que para conocer la legitimidad y posible solución de los reclamos, bastaría identificar a los manifestantes y saber contra qué y quiénes protestan. Estoy segura que muchos serían personas que laboran o laboraron para empresas informales, que compiten deslealmente con las formales y que ni agroexportadoras son.

Para colocar productos en mercados de Europa, Asia o Estados Unidos de América se requiere certificación de buenas prácticas medio ambientales y socio laborales.

Comprobar esto no les interesa a quienes desde su ideología marxista propician el caos pues tienen como práctica el odio de clases y reniegan de la propiedad y el emprendimiento privados (salvo que sean de ellos o de su familia), buscan la agudización de los problemas, no así su solución, y tienen como objetivo estratégico lograr el comunismo, esa llanura artificial y estéril donde no valen méritos ni deméritos, salvo se trate de la burocracia dominante donde se libra feroz y despiadada lucha por escalar.

A los marxistas no les interesa un diagnóstico real del problema, pues saben que es el Estado (al que consideran un fin en sí mismo y reducen al individuo a una anónima pieza de su enorme engranaje) el que no cumple con el rol esencial que el Derecho Laboral universal le asigna como protector de la parte trabajadora, a la que se supone débil frente al empleador. Esta tarea protectora la puede/debe plasmar en una adecuada fiscalización laboral, no solo de tipo sancionador sino orientadora para el cumplimiento cabal del mínimo de derechos y máximo de cargas para el trabajador.

¡Esperemos que prime la cordura!