En una entrevista el presidente Francisco Sagasti se mostró como el típico intelectual de izquierda arrogante, cuando insistió en que la ilegal destitución de 17 generales de la Policía Nacional era algo intrascendente, “no exageremos las consecuencias”, y que “se ha hecho anteriormente”, lo cual, si fuera cierto, no justificaría el atropello. (“El Comercio”, 10/1/21).

En realidad, ni siquiera Martín Vizcarra, que despreciaba las leyes y las instituciones -como lo demostró disolviendo ilegalmente el Congreso- se atrevió a hacer algo así. El año pasado, durante la pandemia, cuando se descubrieron varios casos de corrupción en la Policía Nacional, para fingir que hacía algo, se empecinó en nombrar como Comandante General de la PNP al general Gastón Rodríguez, pero no pudo hacerlo porque era el número cinco del escalafón.

El ministro Carlos Morán trató desesperadamente de forzar la renuncia de los mandos policiales para que Rodríguez pudiera quedar entre los tres primeros, como establece claramente la ley, para que Vizcarra lo designe jefe de la PNP. Pero los mandos se negaron, a pesar de que Morán les ofreció viceministerios y otros altos cargos.

Finalmente, Vizcarra nombró a Gastón Rodríguez como ministro de Interior, ya que no podía designarlo legalmente jefe de la Policía.

Sagasti en el poder, aconsejado -o llevado de las narices- por el mismo grupo que hoy maneja el Mininter, no tuvo empacho en nombrar como Comandante General al número dieciocho en el escalafón, un general que había sido ascendido irregularmente el 2017 por ese mismo grupo. Ese nombramiento es evidentemente ilegal, como han manifestado la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima, exministros del Interior, exjefes de las Fuerzas Armadas, etc.

Algunos ingenuos o ignorantes creen que eso es un adecuado control civil sobre la Policía. En verdad, el control civil sobre las Fuerzas Armadas -también extensivo a la Policía Nacional- es en cualquier país civilizado un elemento básico de la democracia representativa. Pero, como dice Samuel Huntington, hay dos clases de control: el objetivo, que es institucional, de acuerdo a las leyes y las normas, y que tiene como propósito “el llevar al máximo el profesionalismo militar… y la seguridad militar”; y el control subjetivo que consiste en la manipulación ilegítima -y en este caso ilegal- de los mandos para dominar ilícitamente las instituciones con fines inconfesables. Se trata de “la subordinación del cuerpo de oficiales a sus propios intereses y objetivos” faccionales, en palabras de Huntington. (“El soldado y el Estado”).

Así pues, Sagasti es autor y cómplice de una operación ilegal que pretende manipular a la PNP poniendo al frente a un mando sumiso y manejable para usar la institución para maquinaciones oscuras.

Lo que se necesita para combatir la inseguridad es fortalecer a la Policía Nacional, no debilitarla; mejorarla, no destruirla; corregir los errores, no atacarla ni difamarla; perfeccionar la institucionalidad, no deteriorarla.