El Congreso de la República o el exmandatario Manuel Merino deberían denunciar a Martín Vizcarra por afirmar, con su habitual cinismo, que en su gestión no compraron vacunas contra la covid-19 “porque me vacaron” y porque el 26 de septiembre envió al Parlamento un proyecto de ley “para que podamos tener vacunas rapidísimo”. Ambas versiones son falsas.

De un lado, las negociaciones con la multinacional Pfizer/BioNtech comenzaron en marzo o abril de este año, pero no concluyeron porque el gobierno de Vizcarra no firmó el convenio correspondiente ni depositó 118 millones de dólares por 10 millones de dosis. Es decir, no hubo acuerdo definitivo ni cancelación del dinero por diferencias en términos contractuales, especialmente referidos al sometimiento de las partes a las leyes de Nueva York y las controversias a un tribunal internacional arbitral. En cambio, otros países, como Chile, negociaron y cancelaron a PfizerBio/Ntech, y han comenzado a vacunar a su población. Lo mismo hicieron costarricenses y panameños, que pondrán en marcha su programa inmunológico en enero de 2021.

De otro lado, tampoco es verdad el patético argumento de Vizcarra que no se adquirieron las vacunas por responsabilidad del Congreso. Esa es otra falacia, grave y maligna, no solo porque el Poder Ejecutivo tenía y tiene la potestad de compra, sino porque el propio gobierno aprobó el 10 de septiembre el Decreto de Urgencia N​º 110, estableciendo “medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para facilitar y garantizar el acceso, adquisición, distribución y aplicación de las vacunas […] a fin de contrarrestar el avance del COVID-19”. Plantear esa norma legal, asimismo, tampoco era ni es necesario porque el artículo 16 de la Ley de Medicamentos Nº 29459, promulgada en noviembre del 2009, durante el gobierno del presidente García, faculta un procedimiento excepcional para su importación y uso.

Muchas veces Vizcarra aseguró que las tratativas con los grandes laboratorios iban por buen camino, creando expectativas en miles de peruanos angustiados por la pandemia y proyectando, a la vez, eficiencia de su gestión gubernamental. En agosto, por ejemplo, sostuvo que se encontraban bien avanzados los acuerdos para comprar 30 millones de vacunas, en beneficio del 90 % de la población. Declaraciones similares hizo durante más de seis meses, utilizando todos los medios de comunicación, incluyendo cadenas nacionales y programas dominicales, atosigante presencia donde mentía o decía verdades a medias para confundir a una opinión pública manipulada como laboratorio psicosocial.

No olvidamos, entre los muchos engaños públicos, que en 2019 Vizcarra afirmó a la periodista Mónica Delta que para fin de ese año entregaría 80 nuevos hospitales y mil colegios, promesa que no cumplió ni se tomó la molestia de disculparse. En ese huracán de mendacidades, hasta hoy no conocemos cuántos peruanos han muerto por covid-19, pero por estadística comparativa del Registro de Defunciones deben haber fallecido 79 872 personas y no los 36 880 del registro oficial. En ese contexto de incertidumbre es difícil comprender el silencio o la voz débil del presidente Sagasti, obligado a sincerar cifras y señalar responsabilidades en esta cadena de letales y siniestras mentiras.