El tratamiento jurídico para el cese o fin de la vida, comúnmente llamado muerte, ha ocupado un lugar importante en el derecho peruano. Tanto es así que nuestro Código Civil vigente le dedica algunos de sus artículos para el tratamiento del cadáver, los actos de disposición que se pueden efectuar con él y los actos funerarios respectivos. Por ser un hecho inevitable, la muerte produce efectos jurídicos extintivos, como es el caso de la conclusión de la sociedad de gananciales, la patria potestad, la obligación alimentaria y la persecución penal. Sin embargo, también significa el punto de inicio para la constitución de derechos como la herencia.

Más allá de las consecuencias jurídicas indicadas, la muerte tiene un significado mucho más trascendente en el derecho de hoy. Como momento final de la vida, no solo exige cuidar el valor supremo dignidad con respecto a la familia del fallecido, sino también otros derechos fundamentales como la integridad psicológica y moral de los deudos. Dentro de esos derechos a proteger también se encuentra el ejercicio de la libertad religiosa con los ritos propios que cada creencia impone, derecho que a causa del estado de emergencia sanitaria -que impuso restricciones a varios derechos fundamentales, entre ellos el de reunión, por lo que no fueron posibles ceremonias fúnebres o la celebración de actos religiosos- fue restringido o limitado como era razonable suponer.

En relación con el cese o fin de la vida, existe un ámbito inderogable o núcleo duro de derechos que no se pueden restringir ni limitar porque ello implicaría afectar directa y gravemente la dignidad humana en los siguientes aspectos: 1. El mantener en incertidumbre el fallecimiento a los familiares no solo impide que se produzcan los efectos jurídicos anteriormente descritos, sino también sume a los familiares en un estado de sufrimiento o zozobra intolerables (hasta en las situaciones de guerra se comunica a los familiares la muerte del combatiente); 2. La falta de entrega de los restos del fallecido para que reciban una digna sepultura o sean incinerados (la demora o el equívoco conlleva una grave afectación a la familia de fallecido); 3. El tratamiento inadecuado de los restos del fallecido como cualquier objeto (una muestra de indolencia grave es exhibir sus restos abandonados o amontonados sin mayor cuidado); y 4. El manifestar ofensas o imputaciones sobre personas fallecidas que en dicha condición no puede defenderse, y que únicamente dañan a los sentimientos de sus familias.

El dolor no era considerado en el derecho de antaño. Pero hoy sí. Y genera efectos. El dolor es tomado en cuenta para admitir la muerte por piedad y también para compensaciones morales. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento del Estado Constitucional de Derecho, el dolor tomó sentido para imputar también responsabilidad penal, pues la indolencia ante la muerte es la inmoralidad más grave que existe.