La necesidad de implementar una defensoría pública “intercultural”

La necesidad de implementar una defensoría pública “intercultural”

Hace poco fui testigo de un caso de injusticia material. Una mujer de la sierra sur de nuestro país, junto a otras personas, tenía que enfrentar una imputación por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada debido al concurso de tres o más sujetos (numeral 6 del artículo 297° del Código Penal). Se le atribuía el envío de una encomienda con droga a la ciudad de Lima con el concurso de su excónyuge (adulto mayor) y de un taxista que solía llamar por teléfono cuando llegaba a la capital. La mujer, campesina, analfabeta y quechuahablante, decidió someterse a la conclusión anticipada del juzgamiento. Para esa finalidad, la intérprete que le asignaron le explicó, con cierta dificultad, la imputación que recaía contra ella, así como la posibilidad de acceder a determinados beneficios por someterse a este trámite de simplificación procesal.

En la traducción realizada por la intérprete, la acusada se mostró arrepentida y sostuvo con firmeza que cometió el delito sola y que sus dos coacusados no conocían el contenido de la encomienda. Sin embargo, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal y el abogado defensor decidieron acordar doce años de pena privativa de libertad, inhabilitación por tres años después del cumplimiento de la condena y la pena de multa, considerando el tipo penal de tráfico ilícito de drogas con la agravante del concurso de tres o más agentes. Ambos llegaron a este acuerdo pese a que todos habíamos escuchado a la intérprete señalar que la acusada aceptaba haber enviado la droga, pero su excónyuge y el taxista desconocían este hecho. El abogado defensor no era quechuahablante y lejos de defender los intereses de su patrocinada solicitó al fiscal concluir anticipadamente el juicio oral. Los magistrados llamados a ejercer el control de legalidad sobre esta actuación resaltaron que era suficiente que el abogado y el fiscal se pusieran de acuerdo.

Lo sucedido en el presente caso abona por la necesidad de contar con defensores públicos que garanticen una real justicia intercultural. Es decir, de abogados comprometidos no solo con hacer efectivos los medios procesales para su patrocinado, sino también que tengan el conocimiento de la cultura y, sobre todo, del idioma de nuestros pueblos originarios. Al Estado le corresponde prestar un servicio de defensa pública en las zonas donde se asientan estos pueblos para que tengan la garantía de un abogado defensor que pueda entender y hacer entender a su patrocinado sus derechos, los procedimientos y las consecuencias de las decisiones adoptadas en el proceso penal.

En un proceso penal ideal, en el que el fiscal debe velar por la legalidad y el juez controlar el debido proceso, no sería posible que la conformidad descrita se considere válida. Hubiera primado la voluntad de la acusada y ante su disconformidad parcial se habría abierto el debate. Sin embargo, primó el interés punitivo y la descarga procesal. Con la agravante del silencio de un abogado que renunció a su rol fundamental de hacer valer los derechos de su patrocinada.

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