La forma en que se puede afectar la independencia judicial por causa de los llamados “juicios paralelos” es uno de los temas de mayor actualidad en el derecho peruano. Un caso que ilustra lo dicho fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la República de declarar fundada una transferencia de competencia de un proceso por delito de colusión debido a la existencia de “exposición mediática de las partes procesales” (Transferencia Competencia N° 4-2017, Sullana). El máximo órgano de la justicia ordinaria analizó posibles actos de colusión durante la remodelación de un estadio en Sullana que dieron lugar a titulares en un diario local que revelaban la molestia de la población por la imposibilidad de que el equipo de la ciudad pudiera jugar de local en ese estadio.

Es innegable que no se puede censurar el ejercicio de la libertad de expresión, ya que constitucionalmente se consagra la inexistencia de censura previa, aunque los excesos de su ejercicio sí pueden generar responsabilidades ulteriores. La protección de ese derecho a través de los medios de comunicación está directamente relacionada con el régimen democrático. En consecuencia, cualquier limitación de su ejercicio puede ser vista como una puesta en riesgo no solo del derecho en mención, sino también la del régimen constitucional imperante.

Considerando el marco anterior, sería importante evaluar la necesidad de reforzar la formación de jueces “contramayoritarios”, es decir, de jueces que no respondan al clamor popular u opinión general, sino más bien a los hechos y pruebas actuadas en el proceso. El jurista ecuatoriano Jorge Zavala Egas, en una notable conferencia, advirtió que los jueces no tenían por qué ser seguidores de los hechos noticiosos o de las redes sociales, puesto que la legitimación de sus decisiones no se basaba en opiniones políticas o en lo que digan las mayorías, sino en argumentos o razones de derecho. En el ámbito penal se advirtió esa siniestra utilidad de que la opinión pública podía generar percepciones y prejuzgamientos que aparte de afectar la presunción de inocencia era, en algunos casos, determinante para las decisiones judiciales.

Los jueces ordinarios deben resolver únicamente con lo acreditado en el expediente. Todo lo que esté fuera de él no puede servir para sustentar una decisión. Aunado a ello, cuando los tribunales asumen la labor legislativa y hasta ejecutiva, mediante sentencias que tiene alcances generales, corren el riesgo de caer en la llamada doctrina del “populismo judicial”. Así, a través de sus resoluciones adoptan medidas que corresponden a otros órganos del Estado, justamente los “mayoritarios” (aprovechando su ausencia o ineficiencia) y justifican su intervención en la necesidad de responder a pretensiones populares, sin advertir los graves efectos que puede generar su desconocimiento de una visión global de los problemas tratados. Además, de la lesión a uno de los dogmas del constitucionalismo: la división de poderes. Todo Estado necesita de jueces “contramayoritarios” que respondan sólo a la Constitución y la ley y de esta forma garantizar la aplicación del derecho y sostener la institucionalidad y previsibilidad en el sistema de justicia.