La no injerencia en el derecho internacional

La no injerencia en el derecho internacional

Un periodista me preguntó ayer si el reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano del sistema interamericano de protección de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresando la preocupación de los siete comisionados por la investigación que se ha iniciado en el Congreso de la República del Perú a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), constituye o no un acto de injerencia en los asuntos internos del Estado peruano, y cuando dije que no, su rostro no pudo ocultar su sorpresa. En realidad, lo que enseguida le dije, es que la CIDH no es un Estado ni tampoco una organización internacional, es decir, no es un sujeto del derecho internacional, por lo que con el rigor jurídico que nos merece una respuesta certera para informar y orientar a la opinión pública, es necesario que los hombres del derecho no nos dejemos dominar por la política barata, y seamos lo más serios posibles a la hora de referir los alcances de conceptos jurídicos para que no sean manipulados como pasa a menudo. En realidad, el inaceptable pronunciamiento de la CIDH, lo que sí vuelve a constituir es un claro acto de impertinencia insostenible, penosamente lleno de sesgo político como sus últimos informes, al provocar políticamente un nuevo desequilibrio en la juridicidad americana. Distinto hubiera sido el caso que el pronunciamiento proviniera de la OEA.

En ese escenario sí estaría configurándose un incuestionable acto de intromisión en los asuntos internos del Estado peruano, exactamente como pasó con el que emitió hace casi dos semanas, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. A los hombres del derecho y a los periodistas nos corresponde definir e informar, respectivamente, con pulcritud y responsabilidad, aunque al hacerlo no consigamos que todos queden satisfechos pues jamás se debe decir nada para las tribunas y mucho menos manipular el mensaje. Pero esta precisión no es la primera vez que la expreso. Cuando el expresidente de Bolivia, Evo Morales, comenzó a desestabilizar en la región sur de nuestro país, también dije que Evo no había cometido un acto de injerencia, o lo que es lo mismo, no había violentado el principio del derecho internacional de No intervención, porque Morales ya no es presidente de Bolivia y tampoco es funcionario de su país, no siendo, por tanto, aplicable a sus majaderas declaraciones políticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 sobre la referida intromisión, y tampoco podía ser declarado persona non grata porque no solamente no es un funcionario del gobierno de su país, sino que, además, no cumple ninguna función diplomática conforme la referida Convención. Sí, en cambio, pudo haber sido detenido y encarcelado en el Perú porque su discurso secesionista constituye delito en el país. Decir el derecho en su exacta dimensión hermenéutica parece no ser rentable, pero es lo que menos nos debe importar y para no volvernos mercenarios. Por tanto, estas precisiones que hago sobre la CIDH son muy importantes para confirmar que su pronunciamiento carece de juridicidad y más bien abunda en un mensaje completamente parcializado insistiendo en que la causa grave es únicamente de naturaleza punitiva, y que, en el fondo, hace tanto o más daño no solo al Perú, sino a la OEA y al continente. Para reaccionar contra sus efectos hay dos caminos: el jurídico, desvinculándonos de un sistema jurídico que afecta a los intereses nacionales y el político, sentando una posición desde la política internacional peruana por medio de nuestra Representación Permanente ante la OEA, demostradamente sin reflejos.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.