Mañana, 6 de diciembre, se realizan elecciones parlamentarias en Venezuela, calificadas de fraudulentas por la comunidad internacional.

Sin duda, se trata de un evento electoral infame, con ausencia de partidos democráticos y veeduría internacional, donde el siniestro número dos del régimen, Diosdado Cabello, amenaza a la población para que concurra a las ánforas: “el que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida”, ha dicho este purulento y perverso personaje.

Es importante destacar que los comicios se producirán poco después que la Secretaria General de la OEA haya cuestionado, con ejemplar firmeza, la inacción –o complicidad– de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde hace tres años no inicia investigaciones por crímenes de lesa humanidad sobre 162 hechos documentados: 18,093 asesinatos, 653 casos de torturas, 15,501 detenciones arbitrarias y 724 desapariciones forzadas, atribuidos a las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares.

Este deplorable y sospechoso silencio de la CPI, ha dicho acertadamente el embajador Almagro,”fomenta la impunidad” y “cada día de inacción es un día donde se permite que continúe el sufrimiento del pueblo venezolano”. De no haber respuesta urgente a ese pedido, creemos, los países del Grupo de Lima podrían acordar suspender el pago de cuotas a ese organismo de justicia multinacional.

En ese contexto, Leopoldo López ha sostenido que “Maduro es un criminal y los demócratas tienen que condenarlo. No es un tema ideológico, no es de derechas ni de izquierdas; es de democracia”, agregando que con el nuevo gobierno norteamericano de Joe Biden habrá un “abordaje mucho más estrecho entre Estados Unidos y Europa y, en consecuencia, con los países de la región que apoyan la causa de la democracia”.

Es válida y oportuna la reflexión de López, considerando que la Administración Trump desarticuló un admirable esfuerzo americano, europeo, del Reino de Marruecos, Corea del Sur, Australia, Japón e Israel para apartar a Maduro del poder y convocar elecciones supervisadas; trabajo diplomático que fue afectado cuando Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, sin consultar a países aliados en la causa democrática, amagaron una intervención militar en Venezuela, desplegando soldados, buques de guerra, helicópteros y aviones de combate en Colombia y aguas del Caribe.

El resultado de esta fragosa estrategia, de esos juegos bélicos, victimizó a Maduro, quien logró amplio apoyo de Rusia, China, Irán y Turquía, convirtiendo nuestro continente en espacio de confrontación bélica con USA.

Ahora, atendiendo la sugerencia de López, con Biden en la Casa Blanca, el Grupo de Lima debe plantear nuevas medidas para extender partida de defunción a un régimen genocida y corrupto, que mantiene a millones de personas dentro de las rejas de un sistema oprobioso.

Y esa agenda renovada, para ser exitosa, debe comprender una respuesta unitaria, firme e irrevocable, no sólo a la CPI, sino a las potencias extracontinentales que sostienen a Maduro, avalando una dictadura que no sólo ha destruido al pueblo venezolano, sino que ha socavado la estabilidad del hemisferio, donde esos países –especialmente China y Rusia– tienen cuantiosas inversiones y negocios que podríamos (o deberíamos) afectar en respuesta al daño que nos están causando.