A diario nos enteramos de ciertos sucesos políticos que con seguridad causan indignación y protestas en nuestro país. En el actual estado de pandemia en el que vivimos, no hay duda del enorme riesgo al que todos estamos expuestos. Pero si bien es cierto que cada uno de nosotros debe adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio (uso de mascarillas, aseo permanente y distanciamiento social), también es cierto que la inacción u omisión por parte del Estado puede crear e incrementar los riesgos. En ese contexto, ¿dónde está el Estado? La respuesta es simple: mira, pero no hace nada.

¿Puede aceptarse que sigan muriendo compatriotas y que el Estado no tome cartas en el asunto? Esta semana nos enteramos de que en la puerta de un hospital un exalcalde murió en brazos de sus hijos. Hechos como este se están multiplicando por centenares debido a que el Estado no encuentra soluciones. En una situación de pandemia en la que la demora o no hacer lo que corresponde puede significar el incremento del riesgo de muerte o un resultado fatal, no cabe hablar de negligencia o impericia. Quienes manejan las riendas del país no solo saben lo que puede suceder, sino también que tienen todo el poder y el deber de evitar los resultados señalados. No adoptar medidas por quienes tienen el deber y la facultad de hacerlo implica una responsabilidad penal por omisión.

La muerte de miles de peruanos durante este estado de pandemia no será atribuible por comisión. Esto porque no se dieron órdenes para acabar con sus vidas. Según los diversos niveles o rangos en el ejercicio del poder, la responsabilidad penal que tendrá que atribuirse es la de omisión dolosa. El escenario de esta imputación es mucho más grave que cualquier otro acto delictivo, pues se dejó morir a miles de connacionales por causa de las carencias en el suministro de oxígeno, camas UCI e impedir la adquisición de vacunas, aunque sea por la vía privada, considerando la ineficiencia del Estado.

No existe en la historia de la humanidad un crimen más grande del que hoy somos testigos en el Perú. Dejar morir a miles de peruanos es una responsabilidad atribuible a quiénes con su desprecio por la vida dejaron pasar días, semanas y meses sin adoptar las medidas necesarias y oportunas. A esta responsabilidad se suma otra: el uso ineficaz de los recursos públicos. Y es que el direccionamiento de los fondos públicos hacia servicios no indispensables (avisaje estatal, consultorías) ha perjudicado a otros que sí son esenciales, como es el caso de la seguridad ciudadana, el servicio de justicia y el de educación.

En situaciones como la descrita surge la necesidad de crear una Comisión de la Verdad que pueda investigar y recoger datos objetivos de lo sucedido. Y tal vez, en un futuro no muy lejano, hasta se podría construir un Museo de la Memoria para recordar a todas las víctimas de la inacción dolosa de quiénes tuvieron la gran oportunidad de salvar a nuestro país, pero terminaron destruyéndolo.