La Pampilla, crimen y castigo

La Pampilla, crimen y castigo

En nuestro siempre convulsionado país, el tema del derrame de petróleo producido por la Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, el 15 de enero pasado, era noticia olvidada, hasta que una revelación nos remeció recordándonos que nos azotó una tragedia ambiental y que hay causantes evidentes. Una comisión investigadora del Congreso, integrada por 14 parlamentarios de 9 bancadas diferentes, aprobó un informe de 347 páginas que concluye que se trata del “Peor desastre ecológico en las costas peruanas”, y crimen contra la humanidad cuya principal responsabilidad recae en Refinería La Pampilla S.A.A., haciéndose extensiva al Grupo Económico Repsol.

Según los comisionados, los efectos del derrame podrían durar decenas de años para ser revertidos. Afirman que el Grupo Repsol habría cometido delitos tipificados en los artículos 304 y 314 del Código Penal (contaminación ambiental y responsabilidad por información falsa), así como infracciones contra diversas normas ambientales.

Refieren la presencia de tuberías con 47 años de antigüedad sin mantenimiento, inexistencia de válvulas para control de flujo del combustible, carencia de una nave para atender emergencias, supervisor de amarre del barco ausente, diferencia entre el volumen de crudo reportado a Sunat y el que realmente estaban recibiendo y carga a velocidad excesiva, peligrosa y no autorizada, entre otras irregularidades.

Los congresistas señalan, además, que una valoración económica del perjuicio ocasionado lo hace INDECOPI al demandar por 4,500 millones de dólares “Aunque no podrá poner precio a la naturaleza invalorable de la vida marina destruida”.

El documento señala que el Ejecutivo se arrogó la representación de la población “Y llegó a acuerdos al respecto con Repsol”. La empresa maneja un listado de aproximadamente 5,500 victimas, pero según el gobierno se superarían las 700,000, como asevera el periodico británico The Guardian.

Bajo este irregular convenio, la petrolera ha otorgado hasta abril, bonos de 500 soles (125 dólares) y un pago a cuenta de indemnización por 3,000 soles (810 dólares) a algunas centenas de familias. Estos “adelantos” unilaterales de Repsol, solo serán entregas con cargo a lo que la justicia determine a pagar a los damnificados no solo por haberlos afectado económicamente, sino también por negligencia, como desagravio personal y otros daños.
Pescadores y acuicultores artesanales buscan apoyo legal fuera del país en pos de una justicia que no ven con claridad en el Perú. La corporación responsale de este desastre tiene su matriz en el extranjero y es allí donde apuntan las victimas y especialistas internacionales en reclamos jurídicos de este tipo. Por su parte, Manuel Pulgar Vidal de WWF reconoce que la “Cultura de la impunidad” y la falta de una regulación eficaz son enormemente perjudiciales en una de las naciones con mayor biodiversidad del mundo.

Mientras no se tiene confianza en las autoridades del Perú, se conocen ejemplos de resarcimientos por fugas de hidrocarburos en otras latitudes como el Golfo de México en 2010, que implicó pagos por 11,200 millones de dólares; el siniestro por cenizas de carbón de la planta Kingston Fossil (Tennessee) en 2008, que generó compensaciones por 27,800 millones de dólares; el desastre del Exxon Valdez en Alaska y sus 1,500 millones de dólares en reparaciones y otros. El estudio Lieff Cabraser Heimann & Bernstein representa a los damnificados que reclaman una multimillonaria indemnización por un derrame de petróleo en Huntington Beach, California de octubre de 2021, pese a que hubo una acción por remediarlo que comenzó el primer día, a diferencia del caso peruano que en su primera semana solo utilizaba escobas y recogedores.

Felizmente estamos en 2022 y estos crímenes, sí tienen castigo.