La Pampilla: devastación imperdonable

La Pampilla: devastación imperdonable

El 15 de enero pasado quedará en el recuerdo como el día de la peor catástrofe ecológica en nuestro mar, causada por un derrame de petróleo en el Terminal de la Refinería La Pampilla de Repsol, cuando se descargaba el barco italiano Mare Doricum. A pesar de que se pretendió minusvalorar lo ocurrido y luego justificar el desastre definiéndolo como consecuencia de la erupción del volcán de Tonga, a 10 mil kilómetros del Callao, va quedando claro que se trató de un problema de mala práctica y no de una catástrofe forzada por la naturaleza.

Es inadmisible que una empresa que refina el 70% del petróleo en el Perú, y que ha facturado 3,500 millones de dólares en 2019 (más que las exportaciones pesqueras peruanas anuales sumando harina, aceite y productos para consumo humano), haya evidenciado la falta de medidas de contingencia o, cuando menos, su pésima capacidad de aplicación. Lo concreto es que permitieron que 6,000 barriles de hidrocarburos se extendieran en nuestro mar, sin tener claro todavía hasta dónde llegarán. Se sabe que el desastre ha impactado a Ventanilla, Ancón y Chancay; incluyendo Áreas Protegidas y sigue su curso. Afecta el ecosistema marino y a las comunidades costeras. 1,500 pescadores y un millar de trabajadores relacionados al mar han perdido su medio de vida y el sustento para sus familias. Nadie los ayudó para encontrar trabajo, pero se los han quitado en un minuto de desidia.

Roberto Espinoza Sulca, quien preside la Asociación de Pescadores Artesanales Bahía Blanca, nos dice que el verano es la mejor estación del año para sus faenas, y que en esta temporada, los hombres de mar acopian ganancias para su sustento mensual, así como para cubrir sus gastos en los meses de menor abundancia, en lo que respecta a salud, educación, alimentación, etc. “Las canastas de víveres que entrega Repsol no son suficientes. No queremos regalos, solo que nos devuelvan nuestro litoral sano como lo teníamos. No somos obreros de limpieza; fuimos pescadores y lo seguiremos siendo”, sostuvo.

En lugar de espectar y ofrecer ayudas etéreas, es menester que el gobierno tome el control en esta crisis. A cuenta de la indemnización que deberá cobrar a Repsol, tendría que haber contratado a los mejores especialistas del mundo, dotados de maquinaria y tecnología para comenzar a remediar el daño ambiental y evitar que siga aumentando. Corresponde también al Estado cumplir con las personas que vivían de la pesca y actividades vinculadas al océano, en devolverles sus ingresos y medios de vida arrebatados por la hecatombe.

Hoy, más que nunca, se valora la justa lucha de los trabajadores pesqueros en 2018, quienes se movilizaron a nivel nacional contra la entrega de más de 2 millones de Hectáreas de mar para concesiones petroleras entre Tumbes y Áncash, lo que ponía en riesgo a la pesca y acuicultura, ante lo cual, como se evidencia en estas dos semanas, el Estado es inoperante e impotente.

Estos hechos provocan la siguiente reflexión: ¿Nos pueden garantizar que las decenas de kilómetros de tuberías de transporte de combustibles instaladas en el país, cuentan con los mecanismos de seguridad y protocolos adecuados? Como todos sabemos, los científicos han pronosticado un gran terremoto en las cercanías de Lima y Callao, el cual se puede producir en cualquier momento y provocaría 250 mil muertos, 2 millones de personas con sus viviendas destruidas y 35 mil millones de dólares en pérdidas. ¿Tenemos un gobierno y un Estado capaces de enfrentar la conmoción que se generaría? ¿Alguien trabaja para prepararnos de cara a ese día y minimizar el descalabro? Me temo que no.

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