Perú se ha consolidado como un ejemplo de estabilidad macroeconómica en una región marcada por crisis inflacionarias. Con una inflación que ha caído desde picos del 8% a un nivel estimado del 2% en 2024, el país se destaca frente a economías como Argentina o Venezuela. Sin embargo, esta estabilidad no ha logrado resolver problemas estructurales de fondo. La pobreza, que afecta al 29% de la población, sigue siendo un reto persistente, lo que evidencia una desconexión entre el crecimiento económico y el desarrollo social.
La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha mantenido la inflación controlada con estrategias como la reducción de tasas de interés y la flotación cambiaria. Sin embargo, esta estabilidad no mejora el bienestar de las familias. El costo de la canasta básica, de 1,784 soles, frente a un sueldo mínimo de 1,025 soles, muestra una brecha económica que empuja a muchas familias hacia la inseguridad alimentaria. Según la FAO, el 51.7% de los peruanos enfrenta esta situación, la cifra más alta de América Latina.
El crecimiento económico proyectado en 3% para 2024 no es suficiente para reducir la pobreza de manera sostenible. Se necesita un crecimiento anual de al menos 4.5% para revertir los índices actuales. Además, más del 70% de los trabajadores permanecen en la informalidad, limitando su acceso a salarios dignos y servicios básicos, perpetuando la desigualdad estructural.
La pandemia de COVID-19 agravó estas desigualdades. Con un empleo formal limitado y una economía dominada por la informalidad, la falta de inclusión económica evidencia un modelo que prioriza indicadores macroeconómicos sobre el bienestar social.
En la 62.ª edición de CADE 2024, desarrollada en Arequipa, Andrés Cadena, de McKinsey & Company, destacó las industrias de alto impacto como el comercio electrónico, la inteligencia artificial, la robótica, entre otros, como “arenas” de competencia global. Estas impulsan el crecimiento económico y generan empleo. Sin embargo, América Latina, incluyendo el Perú, aún no logra integrarse plenamente en estas industrias clave, perdiendo oportunidades críticas para el desarrollo y la competitividad global.
Julián Herman, de Boston Consulting Group, destacó que la adopción de inteligencia artificial en la región enfrenta limitaciones debido a la falta de talento especializado, pensamiento crítico y competencias digitales. En el caso de Perú, enfatizó que es fundamental priorizar la educación y el desarrollo del talento local, acompañado de inversiones en infraestructura tecnológica de IA y la creación de normas que promuevan su implementación. La colaboración entre sectores públicos y privados será clave para alcanzar su potencial. Incluir la IA en educación puede contribuir al cierre de brechas, creando oportunidades equitativas para el desarrollo social y económico.
El problema radica en la falta de planificación estratégica. Tras el golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1990, la planificación fue estigmatizada, lo que permitió decisiones como la venta del 60% de la Refinería La Pampilla por apenas 240 millones de dólares, mientras que la modernización de Talara ha requerido miles de millones en inversión pública. La eliminación del Instituto Nacional de Planificación dejó un vacío que aún no ha sido llenado, dificultando una visión a largo plazo.
A pesar de esto, Perú tiene oportunidades estratégicas. La inauguración del Megapuerto de Chancay lo posiciona como un hub logístico clave para conectar Asia y América Latina. Este proyecto reducirá costos logísticos e integrará regiones marginadas en cadenas de valor globales. Asimismo, el tren bioceánico promete conectar Perú con Brasil y Bolivia, impulsando el comercio regional. Estos megaproyectos deben complementarse con políticas públicas que prioricen la inclusión social y la formalización del empleo.
La participación en el Foro APEC ha asegurado compromisos de inversión extranjera, consolidando a Perú como un destino atractivo para el capital global. Sin embargo, estos logros requieren planificación estratégica para maximizar su impacto en el desarrollo nacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que la desinflación global fue posible por políticas monetarias decididas y la moderación en precios de alimentos y energía. No obstante, advierte riesgos como el proteccionismo y los conflictos regionales.
En este contexto, Perú debe rediseñar sus estrategias para que la estabilidad macroeconómica se traduzca en bienestar social. La paradoja peruana –baja inflación y alta pobreza– exige un cambio de paradigma. La estabilidad económica debe complementarse con políticas integrales que prioricen la reducción de la pobreza y mejoren la calidad de vida. Una planificación estratégica, inspirada en países como Corea del Sur y Singapur, podría transformar al Perú en una potencia económica y socialmente inclusiva.

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