El mayor escándalo judicial de nuestros días acaba de perpetrarse: contra toda lógica jurídica y procesal, la Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional ha decidido, por mayoría, fallar a favor del pedido de la defensa de Graña y Montero, JJ Camet y Contratistas Generales S. A., consorciadas con la corrupta Odebrecht, para ser excluidas de la investigación sobre los tramos 2 y 3 de la carretera Interocéanica.

La Fiscalía considera que los exdirectivos Gonzalo Ferraro Rey, por Graña y Montero; Hernando Graña Acuña, por GyM, Fernando Camet por JJ Camet; y José Fernando Castillo Dibós por ICCGSA, tomaron la decisión de pagar un coima al expresidente Alejandro Toledo por 20 millones de dólares para hacerse cargo de la carretera señalada.

Ese delito de lavado de activos en la modalidad de conversión fue perpetrado y estas decisiones fueron tomadas en el marco de sus juntas generales de accionistas, es decir dentro de la actividad empresarial; lo cual ha sido corroborado por Jorge Henrique Simoes Barata. Los montos alícuotas se habrían descontado de las utilidades obtenidas en el ejercicio anual, defraudando al Estado por menor pago del impuesto a la renta.

Sin embargo, la defensa del club de constructoras presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho para excluir a las constructoras como personas jurídicas alegando que las mismas no revisten grado de “peligrosidad” como supuestamente exige la ley. Y en paralelo logró la excarcelación de los directivos mencionados.

Con ello buscaba evitar todo tipo de sanción penal, que puede ir desde inhabilitación temporal hasta sanción definitiva.

De acuerdo a la resolución emitida el último viernes, la Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional  ha decidido, increíblemente, revocar la resolución de Concepción Carhuancho y ha excluido a las constructoras de la investigación. No obstante, como el procurador del Estado no se opuso en noviembre pasado a que Barata  sea solo colaborador eficaz, pero excluido del proceso Lava Jato en el proceso que se le sigue por colusión, hoy Odebrecht también quedaría excluida.

Había lógica en que la Fiscalía buscara que las constructoras peruanas fueran responsables directas del delito. Pero con lo decidido por la Sala Penal Nacional hoy no hay nadie procesalmente imputable: ni los directivos de las empresas nacionales que se pasean libremente, ni Barata, ni Odebrecht. Es decir que el Estado peruano está estafado impunemente y los miles de millones que se robaron por la coima quizá nunca nadie los pagará. ¡Plop!