Conmovedor, ver la trágica situación que están viviendo los trabajadores, siendo extorsionados por sus empleadores públicos y privados para inocularse sustancias letales en contra de su voluntad, bajo amenaza de ser despedidos encubiertamente bajo el fraude de la “suspensión perfecta”; de peruanos que se ganan la vida viajando entre provincias, con una actividad comercial que mueve la economía del país, y que no pueden viajar más porque no se han prestado a ser víctimas de una inyección genocida; de millones de peruanos que están angustiados y padeciendo sufrimiento extremo por estar siendo extorsionados para que se inoculen en contra de su voluntad, bajo amenaza de no poder ingresar a ningún espacio cerrado, esto significa la muerte civil.

Aterra pensar que la mayor parte del gabinete que firmó los inconstitucionales decretos supremos 167-2021-PCM y 168-2021-PCM, no tienen la menor idea de que estos decretos no sólo son inconstitucionales sino armas de destrucción de la vida de millones de peruanos que se verán acorralados por esta extorsión, típica de la perfidia de las dictaduras, y se inocularán para poder seguir trabajando unos meses hasta que la muerte los alcance en el sueño de seguir viviendo con aparente ejercicio de sus derechos humanos.

Y mientras la mayoría de los congresistas disputan sus espacios de poder y traman vacar al Presidente, se advierte que también ignoran por completo que son cómplices por negligencia de este genocidio. Desolador escuchar a la presidenta del Poder Judicial alentar la muerte civil de los peruanos libres e informados que no se quieren inocular la inyección letal.

Vergonzoso escuchar al Defensor del Pueblo y a juristas, que nos hacen recordar su rol penoso de defender los inconstitucionalicidios del fujimorato, defender lo indefendible de estos decretos manifiestamente inconstitucionales y violatorios de los derechos más sagrados de los seres humanos: la VIDA y la LIBERTAD.

Nos hacen recordar que las conciencias precarias tienen precio y que el ejercicio del Derecho sin moral se puede convertir en un vil oficio.

Nos queda una lucha ardua, patriotas libres, para no permitir la imposición de la dictadura mundial, a la que este gobierno nos sigue sometiendo por dejar que un ministro de Salud, comprometido con el grupo de poder extranjero que está ejecutando este plan genocida, dirija la estrategia del Estado contra esta guerra mundial biológica, coludido con el enemigo.

Los decretos 167 y 168-2021-PCM están judicializados, absténgase toda autoridad de exigir su cumplimiento.

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