¡“El pueblo puede querer muchas cosas, pero es el gobernante quien sabe lo que realmente necesita”. Esta frase me surgió cuando conversaba con un amigo en relación con el proyecto de ley que el Congreso aprobara sobre la devolución de los aportes de las AFP. Para algunos, quizás mi respuesta podría ser insensible ante la necesidad de las personas en tener dinero en sus bolsillos, pero los años me enseñaron que tenemos que aprender a mirar el largo plazo y no basarnos en el principio de la perversa inmediatez.
Cuando las personas retiren sus fondos pensionarios, en el futuro ya no tendrán dinero para su vejez y será el Estado quien tendrá que hacerse cargo de ellos, incrementándose al número de personas que no tienen una pensión que ahora alcanza al 70 % de la población.
La pregunta es: ¿el Estado estará tomando sus precauciones?
Si analizamos el tema a profundidad, debemos ser realistas y aceptar que la oferta de empleos formales no podrá cubrir la demanda; la estructura productiva del país no alcanza para absorber el crecimiento de la población en edad de trabajar. Es decir, si la demanda de puestos trabajos formales será insatisfecha, las personas tendrán que buscarse un espacio en la economía informal que les genere un ingreso para vivir, y como sabemos en nuestro país difícilmente las personas dispondrán parte de su ingreso para una pensión futura.
Entonces ¿si la solución no podrá darse por el lado del incremento de la oferta de empleos, entonces por dónde podría darse? La respuesta es por el lado de la demanda de bienes y de servicios, porque independientemente de donde las personas saquen los recursos para vivir, las personas consumen todos los días, y es de ese consumo de donde se puede generar un porcentaje para una pensión futura.
El Estado debe pensar que, en la medida que las personas tengan un fondo pensionario para su vejez, el Estado gastará menos en salud para las personas ancianas. Tengamos presente que, al no ampliarse la base productiva y con ello la base tributaria, el Estado tendrá menos recursos para los subsidios, por lo que también sería sano iniciar un debate sobre la universalidad de los subsidios y si estos deben ser indefinidos. Lo mismo sucede con las exoneraciones tributarias, las cuales deben evaluarse si dieron los resultados prometidos. La inmediatez es perversa para el largo plazo.