Un distinguido magistrado ha expuesto en un diario local que el Poder Judicial ha dispuesto que el Ministerio Público y “demás partes procesales” se abstengan de llamar por su apodo a procesados penales o por nombre atribuido a bandas delincuenciales “porque atenta contra la dignidad de la persona humana y además contra la presunción de inocencia”. También ha informado que anteriormente se ordenó al Ministerio Público y Policía Nacional se abstengan de presentar ante la prensa esposados y con chalecos membretados a integrantes de bandas delincuenciales. Presumiblemente se sustentó en el inciso e) del artículo 2° de la Constitución.

Ello es oportunidad para señalar que en el Ministerio Público y el Poder Judicial no se procesa a presuntos autores de delitos respetándose los plazos procesales a que están obligados los magistrados como está establecido en el artículo 109° de la Constitución, entendiéndose que los plazos procesales son leyes vigentes. Diariamente medios periodísticos informan de actos delincuenciales en calles, viviendas, comercios en agravio de personas honestas a quienes en los hechos los administradores de justicia con su actuar dilatorio en los procesos no sentencian oportunamente a los delincuentes y éstos salen a las calles a seguir cometiendo delitos “de su especialidad”. La Policía Nacional informa que muchos autores de delitos ya antes habían sido puestos a disposición de las autoridades competentes donde les concedieron libertad. ¿Qué objeto tiene que la Policía los vuelva a capturar si los administradores de justicia, primero les dan libertad y segundo, no procesan al autor en el plazo que les obliga las normas procesales?

La opinión de dicho magistrado en lo penal y lo “resuelto” en el Poder Judicial al respecto, aparte que, expresándolo libremente, evidencia una defensa para los autores de delitos, es oportunidad para señalar que en el Poder Judicial sus magistrados tienen la obligación de cumplir con su “potestad de administrar justicia en nombre del pueblo” pero deben hacerlo cumpliendo a cabalidad los plazos procesales para evitar que sobrevenga “la prescripción”. Deben tener conciencia los administradores de justicia que debe protegerse el derecho a la vida, salud, propiedad y la dignidad de todos los ciudadanos y que, en el Poder Judicial, no solamente vean la “dignidad de los autores de delitos” sino los derechos de los miembros de la sociedad que son víctimas de los autores de delitos. Basta de darles “libertad” antes de emitirse sentencia.

¿Qué opina la sociedad?