Pedro Castillo ha reiterado en su proclamación: “no somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos terroristas”. Y una vez más, en este su discurso inaugural, no mencionó la asamblea constituyente.

Como es costumbre en tales ocasiones, sin embargo, las emociones expresadas son solo viento de palabras a menos que los actos prueben lo contrario.

Porque todos hemos entendido ya que la constituyente es el instrumento del autoritarismo y la dictadura de izquierda.

No pocos asumen de hecho que la discrepancia pública entre Castillo y Cerrón sobre la constituyente no es sino la pantalla de la gran mecida.

Por lo mismo, la constituyente se ha convertido en la prueba ácida de la deriva del gobierno de Pedro Castillo.
Anunciarla dejaría a su gobierno sin legitimidad de entrada desde el primer día.

No existe un camino constitucional para una asamblea constituyente. Tampoco para un referéndum que apruebe su convocatoria. Es una treta inconstitucional modificar la Constitución mediante una asamblea. Los caminos constitucionales para hacer cambios a la Constitución pasan por el Congreso. Ninguno permite trasladar esa labor a una asamblea. Una asamblea no es el Congreso. Desde la Revolución Francesa sabemos la clase de decisiones que una asamblea puede tomar. No es sino un tumulto lleno de ruido y de furia.

Días atrás, Castillo anunció que iría al Congreso el 28 de julio a pedir que el Legislativo agende la constituyente. Esto significaría que dejaría el tema en manos de la decisión del Congreso. Es una decisión que, evidentemente, el Congreso no aprobará porque significaría su propia muerte.

Castillo debe saberlo. No solo los caminos inconstitucionales para convocar a una asamblea –el recojo de firmas o el decreto supremo- estarían entonces fuera de sus planes, sino que tampoco lo estaría la propia constituyente como tal.
Pero el solo anuncio de Castillo acabó con la tregua provisional que se había instalado entre ambas facciones y desató la ofensiva de Cerrón de los últimos días por arrinconar a Castillo ante un congreso del partido que defina los temas “irrenunciables”. Obviamente, para Cerrón la asamblea es “irrenunciable” aunque sea inconstitucional.

Los cambios a la Constitución son necesarios, para una nueva gobernabilidad democrática que deje atrás nuestra fallida democracia de baja gobernabilidad. Pero debe hacerlos el Congreso y no una afiebrada multitud en una asamblea convertida en poder supremo.

Hoy Castillo parece comprender la necesidad de que sus actos respalden sus palabras para que su gobierno no pierda su ya mellada legitimidad de entrada. Pero la prueba ácida sigue siendo si pide o no al Congreso una asamblea constituyente en su mensaje a la nación el próximo 28 de julio.