A pesar de que, en todos sus formas y desde diferentes puntos de vista, se ha explicado lo innecesario de embarcar el debate político y legislativo en modificar la vigente Constitución o, peor aún, comprometer la labor del Parlamento para que se ocupe en implementar la posibilidad de la existencia de una asamblea constituyente, desde las nuevas autoridades gubernamentales se continúa insistiendo en lo mismo.
El reclamo de la población peruana para que su salud sea eficazmente protegida, la necesaria recuperación de nuestra estabilidad económica, la seguridad ciudadana cada vez más desatendida, entre otras, son necesidades que requieren una inmediata atención de parte del presidente de la república con su gabinete ministerial y, para ello, no se necesitan nuevas leyes, modificar la Constitución ni menos una nueva Carta Política.
Lo que se requiere, en lugar de actuar irresponsablemente y sin ningún criterio razonable del buen manejo de la administración del Estado, es tomar decisiones serias y planificadas, que permitan resolver los problemas más latentes que hoy tiene el Perú, Y, eso se logra con un buena gestión de gobierno, y no echándole la culpa a la norma jurídica el no poder hacerlo; pues, si así fuera, lo que se demostraría es la incapacidad para administrar la cosa pública.
Pero, si la terquedad gubernamental no cede, debe quedar aclarado que, cualquier propuesta de reforma constitucional, de acuerdo con nuestro ordenamiento fundamental vigente, corresponde únicamente al Congreso aprobar o no una reforma parcial o total de la Constitución; no hay otro camino.
Para el efecto son, el presidente la república, los congresistas y un conjunto de ciudadanos que constituyan el 0.3% de la población electoral, los que tienen la posibilidad de ejercer el derecho de iniciativa de reforma constitucional. Esto es, entiéndase bien, la atribución de presentar un proyecto de modificación constitucional, el cual puede ser o no aprobado por el Congreso.
Es decir, si la opinión congresal es no aprobar la propuesta de reforma, ya no hay otra alternativa. Los que presentaron el proyecto tienen que aceptar obligadamente la decisión. Tan esto es cierto que, inclusive, el mismo artículo 206 de la Constitución, en la última parte de su primer acápite, señala que “…La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la república”.
Por lo tanto, si el jefe del Ejecutivo no tiene la capacidad de observar la decisión del Congreso, menos podrá condicionar su aprobación, planteando la cuestión de confianza, para obligar al Parlamento a decidir como pretende.
Cuando se reguló la reforma parcial o total de la Constitución en el citado artículo 206, como tiene que ser en un Estado de Derecho y a fin de evitar que se produzcan violaciones al funcionamiento de nuestra democracia, inventando interpretaciones antojadizas e interesadas del llamado poder constituyente originario, se estableció que el poder constituyente derivado corresponde ejercerlo al Congreso.
Y, por si acaso, si fuera aprobada la reforma constitucional con la votación de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Parlamento, y no con 88 votos, la consulta popular, vía referéndum, tendrá que ser solicitada por la ciudadanía, de acuerdo con lo regulado por la Ley 26300, que señala que tienen que pedirlo un grupo de ciudadanos que constituyan ser el 10% de electorado nacional (Art. 38). Lo cual significa que, siendo un derecho que le corresponde a la ciudadanía, no pueden solicitarlo la persona del presidente de la república ni tampoco el Congreso.
En consecuencia, les guste o no a quienes pretenden forzar nuestra realidad, involucrándonos en un debate totalmente innecesario que, por suerte, es el Congreso al que, con mayor criterio y razonabilidad, le corresponde tomar la decisión.

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