Las informaciones de prensa y los comentarios que se vienen conociendo en estos últimos días, respecto al trabajo del actual Congreso relacionado con las propuestas de reforma constitucional, motiva una especial preocupación, cuando parece que no se está leyendo correctamente el artículo 206 de nuestra Constitución Política.
El precepto constitucional en mención señala, en su parte pertinente: “…Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas…”.
Como vemos, no requiere ningún tipo de interpretación, la simple lectura del citado dispositivo constitucional, el cual precisa que para aprobar cualquier reforma de la Carta Fundamental se requiere que voten a favor un número de congresistas que, en atención a su número legal, que es 130, porcentualmente, voten a favor no menos de los dos tercios más un voto.
La matemática es exacta. Si se ha venido aplicando, como debe ser, que los dos tercios de 130 es 87; por lo tanto, para que se apruebe una reforma constitucional se debe agregar un voto más; razón por la cual, deben votar a favor no menos de 88 parlamentarios. Y esta misma cantidad de votos se debe alcanzar en la siguiente legislatura ordinaria para su aprobación definitiva.
En consecuencia, ya está advertido el actual Congreso. Pues, independientemente del contenido de los proyectos de reforma constitucional presentados y que, como es obvio y necesario, requieren un tiempo prudencial y razonable para ser estudiados, analizados y debatidos, los representantes parlamentarios deben cuidar de no dejar de tener presente los requisitos de procedimiento para conseguir modificar la Carta Política.
Asimismo, se debe precisar, siempre en aplicación del indicado artículo 206 que, si la aprobación de la reforma constitucional fuera únicamente con la mayoría absoluta del número legal, es decir con 66 votos a favor, pero menos de 88, requiere que sea ratificada mediante consulta popular de referéndum.
Y, con relación al referéndum, hay que tener presente lo previsto en la Ley 26300 que es la que lo regula. En la citada norma legal, en su artículo 37, está claramente establecido que, el referéndum es un derecho ciudadano el solicitarlo y, para el efecto, señala, de acuerdo con el dispositivo 38 de la misma ley, que deben pedirlo “…un número de ciudadanos no menor al 10 por ciento del electorado nacional”.
En consecuencia, por si acaso, que no se vaya a violentar nuevamente nuestro ordenamiento jurídico vigente, como lo hizo el expresidente Vizcarra, al ser él quien lo promoviera y, lo que es peor, el mismo lo convocó; a pesar, de que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 44 de la antes citada ley, la facultad de convocar a la consulta popular de “…referéndum le corresponde efectuarla a la autoridad electoral…” (léase Jurado Nacional de Elecciones).
Este nefasto antecedente es una prueba de la forma cómo se han venido manejando las decisiones desde la presidencia de la república, abusando de la desinformación ciudadana, y con la evidente complicidad de asesores gubernamentales que se dicen especialistas en la materia.
Si queremos que el Estado de Derecho continúe siendo el sistema político que permita que la democracia sea el instrumento que viabilice el funcionamiento del poder, es necesario que se exija a nuestras autoridades, en todos sus niveles, a ejercer sus funciones dentro de los parámetros establecidos en nuestra Constitución vigente y en las leyes que la desarrollan.

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