La regla esencial de todo sistema democrático es que exista la más amplia participación de la ciudadanía en la elección de los gobernantes, en un marco de pluralidad de partidos políticos, de plena vigencia de las libertades públicas y de igualdad de oportunidades para todos, tal como lo consagra la Constitución del Perú.

Como ocurre con otros rubros de nuestra Carta Magna, esos conceptos fundamentales no se aplican debidamente y pueden convertirse eventualmente en letra muerta con todo lo que esto significa para la plena vigencia de la democracia, entre otras razones por la existencia de una farragosa y reglamentarista legislación electoral que genera interpretaciones contradictorias y, en muchos casos, atenta contra la buena marcha de los partidos políticos.

En la mentalidad burocrática de quienes han desarrollado la hoy frondosa normatividad electoral existente en el Perú el propósito es claro: establecer un control político, administrativo y económico sobre los partidos que va más allá de un genuino objetivo de volver transparente la gestión de estos y provoca abusos y situaciones inaceptables que deben ser modificadas.

No fue ese el sentido que le dimos a la ley electoral que aprobamos en la Mesa del Diálogo de la OEA hace veinte años, que ha sido modificada y reorientada para convertirse en cualquier cosa menos una norma transparente, debidamente reglamentada.

Hoy en día por quítame estas pajas, se colocan sanciones exorbitantes, se bloquea el acceso al Registro de Organizaciones Políticas y, bajo interpretaciones que pueden ser antojadizas y hasta ilegales o inconstitucionales, se atenta contra el derecho de participación de la ciudadanía que es, repito, la regla esencial que debe ser válidamente respetada en todas las circunstancias.

Y todo ello no ha servido un ápice para frenar la proliferación de partidos que en la práctica no son tales, ya que constituyen maquinarias electorales al servicio de los intereses de cúpulas o grupos de poder que los bancan y sostienen; o son meros “vientres de alquiler” que se colocan al mejor postor con candidatos “express” surgidos al calor de muy personales intereses electorales. Ahí no hay ideales ni ideología ni principios: hay puro mercantilismo.

Toca al pleno del Jurado Nacional de Elecciones actuar con ponderación y criterio extensivo y democrático en estas circunstancias, tal como manda la Constitución.

Presidente del Consejo por la Paz-Presidente de Perú Nación