La responsabilidad de incumplir la Ley N.° 31520

La responsabilidad de incumplir la Ley N.° 31520

El 22 de julio de 2022 se promulgó la Ley N.° 31520, que derogó determinados artículos de su homóloga la No. 30220, especialmente en lo concerniente a la restauración de la autonomía universitaria, la composición del Consejo Directivo de la Sunedu y la instancia de elección del Superintendente, excluyendo al Ministerio de Educación del rol de entidad supra universitaria.

De acuerdo a lo previsto en el Art. 109 de la Constitución Política del Estado, “la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en parte“.

Significa que, tras su promulgación, toda ley que emana del Congreso de la República, debe cumplirse indefectiblemente, a partir del día siguiente que fue publicada; así se hayan interpuesto en su contra acciones constitucionales, mientras no exista una sentencia emanada del Tribunal Constitucional que establezca su carácter inconstitucional y la deje sin efecto, la nueva ley continúa su implementación.

En tanto el proceso esté vigente sin sentencia firme, la norma promulgada es de obligatorio e ineludible acatamiento, concuerda este criterio con lo previsto en el Art. 106 del Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley No. 30307).

En el contexto del nuevo escenario jurídico emergente a partir de la promulgación de la nueva ley 31520, el actual superintendente Manuel Castillo fue elegido el 25 de febrero de 2023, es decir, 7 meses después de la entrada en vigencia la ley que restituyó a las universidades su autonomía.

Hago referencia a estos antecedentes, en razón a que, en el afán de evitar la plena materialización de la Ley 31520, las autoridades salientes de la Sunedu, en forma deliberada, presentaron irregulares amparos contra el Congreso y otro tipo de manipulaciones, que tenían el objetivo de neutralizar la aplicación de la referida ley.

En estos siete meses, al interior de la Sunedu se generaron estructuras administrativas a fin de dejar sólida e inamovible la conformación de la nueva gestión, ese es el motivo por el que sintomáticamente se promovió toda una campaña mediática para cuestionar la ley aprobada y promulgada por el Congreso.

Asimismo se llevaron a cabo las acciones legales, si bien no dieron resultado porque el Tribunal Constitucional no lo permitió al declarar constitucional la Ley 31520.

Esta actitud de desacato a la ley vigente, más allá de las consideraciones antes mencionadas, en el plano estrictamente jurídico, constituyen conductas que se encuentran sancionadas en el ordenamiento legal de orden penal, es decir, que no se tratan de meras omisiones administrativas que ameriten sanciones disciplinarias, sino que, además de ello, están insertas en el sustantivo penal, tal es el caso de lo previsto en el capítulo previsto para los delitos cometidos por funcionarios públicos, expresamente el Art. 377 del Código Penal, el cual reza lo siguiente: “ El funcionario público que ilegalmente rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con una privación de libertad no mayor de dos años y 30 a 60 días de multa” .

Entonces nos encontramos frente a un caso de ostensible responsabilidad de varios servidores públicos que desde el Ministerio de Educación y la propia Sunedu, no obstante que la ley ya se encontraba en vigencia, optaron por omitir su aplicación, sin justificación legal alguna, siendo obligación del Ministerio Público identificar a los autores intelectuales y materiales de esas inconductas para promover la acción penal pertinente y evitar su impunidad.

La nueva administración de la Sunedu, por respeto a la ley y al Estado de Derecho, debe declarar nulos los actos administrativos de ese periodo, procesar a los funcionarios comprometidos y realizar las denuncias penales o civiles a los responsables, incluidos aquellas autoridades que ampararon esas ilegalidades cometidas a partir del día siguiente de la publicación de la ley, más aún si el Tribunal Constitucional confirmó la plena vigencia de la Ley 31520.

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