Consternante ver el trastocamiento de la percepción moral de las cosas, al extremo de generar orgullo y calificación de heroísmo los actos de conspiración, para subvertir el Orden Constitucional con apariencia de respetarlo y de defender la Democracia.

Lo sucedido el 7 de diciembre del 2022 reveló abiertamente un plan de derrocamiento del Presidente, con flagrante transgresión de normas constitucionales y penales, por lo que es increíble que los gestores del real golpe de Estado hayan referido haber contado con asesoramiento de constitucionalistas.

Era evidente que por la sola lectura de un mensaje presidencial de disolución del Congreso, sin decreto firmado, sin notificación y sin publicación en el diario El Peruano, era sólo un montaje de falso cierre del Congreso, para justificar ante la ciudadanía los delitos que le inventaron a Pedro Castillo de rebelión y sedición, para encarcelarlo por flagrancia inexistente, y proceder a vacarlo en una secuencia de actos inconstitucionales e ilegales, que se demuestran en los considerandos de la Resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, que declara la vacancia presidencial con omisión del procedimiento constitucional.

Como no tenían los votos para vacarlo, planearon su derrocamiento, convencidos de que Castillo tenía fe ciega en Aníbal Torres, y que éste presionado por la amenaza de cárcel que tenía con su hermano por las investigaciones penales abiertas en su contra, se prestaría a convencerlo de que lea ese mensaje de cierre del Congreso, a cambio que lo dejen volver a su cátedra universitaria. Así, convenció a Castillo de que no tenía más salida que cerrar el Congreso leyendo ese mensaje, ya que lo iban a vacar por la tarde, lo cual era falso, no tenían los votos.

Fue una conspiración delictiva basada en mentiras y engaños, y transgresiones de la Constitución, del Reglamento del Congreso, del Código Penal y Procesal Penal, que tuvo por objeto encarcelar al Presidente y deponer el gobierno elegido en julio del 2021.

Esta organización de congresistas, líderes de partidos políticos, abogados, fiscales, jueces, policías y militares, planearon y ejecutaron una conspiración para deponer el gobierno constitucional, cometiendo delitos de conspiración, rebelión, y de seducción de tropas para deponer el gobierno constitucional, tipificados en los artículos 349, 346 y 350 del Código Penal.

Sentirse orgullosos de haber participado en esta conspiración y graves delitos de Estado, y considerar héroes a los protagonistas, en lugar de haber seguido el procedimiento constitucional, evidencia el grave estado moral de gran parte del liderazgo del país, que está decidiendo peligrosamente sobre la vida de la nación.

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