Después de la reforma agraria, ese importante sector de la producción nacional quedó devastado. Bajo ninguna lógica de desarrollo económico puede esgrimirse argumento alguno que sustente virtudes a ese proceso. Desde el lado moral, sin embargo, sí se pueden ensayar algunas tesis que -pese a no compartirlas en su totalidad- son razonables y, más todavía, cuando se les coloca en el espacio y tiempo histórico en el que los hechos sucedieron.

Durante la dictadura de Velasco se argumentaba que demasiada -sino toda- la tierra cultivable del Perú le pertenecía a un número pequeñísimo de familias. Y ese argumento tenía como base una premisa compleja: los derechos de propiedad de esas tierras eran, en muchos casos, una herencia oponible impuesta desde la época colonial que respondía a un sistema de producción que limitaba el mercado a unos pocos agentes. Así, la dictadura decidió expropiar lo que había, descartar siglos de conocimiento y repartir la tierra entre quienes la trabajaban. La ética de la decisión soporta debate. Las consecuencias no: fue un desastre.

Pasadas las décadas el agro peruano languideció como el desierto de nuestra costa. En una situación inexplicable la inmensidad del agua que descansa del otro lado de nuestros Andes era incapaz de traer prosperidad agrícola a nuestra costa seca y salpicada solo por algunos valles. Sin embargo, con el tiempo y el esfuerzo de muchos, la situación cambió: se hicieron obras de trasvase que irrigaron zonas de la costa y se promulgó -hacia el final del gobierno de Fujimori- una ley que estaba diseñada para permitir la formalización de los trabajadores del agro: la estacionalidad de sus funciones y los derechos que debían recibir. Una vez planteada esta nueva realidad, empresarios -titanes del futuro- apostaron por desarrollar una industria que estaba ya muerta y con años de trabajo disciplinado convirtieron al Perú en una de las plazas más atractivas para desarrollar proyectos agrícolas. Un millón de trabajadores salieron de la informalidad y ciudades como Ica alcanzaron condiciones -a través del mercado- muy superiores del Estado y sus leyes: pleno empleo y mejores sueldos.

La industria agraria es una de las que menos informalidad se reporta. Es uno de los motores de nuestra Economía y ha sido, por décadas, una de las principales fuentes de trabajo para los peruanos. ¿Qué ha pasado entonces que este desierto se salpicó de (mil)agros? Lo mismo que sucede en todo el Perú: se le pretende atribuir al mercado una falla que es, en realidad, del Estado. Las grandes empresas -y la data publicada en varios medios así lo sustenta- cumplen al pie de la letra con las normas. No obstante, las pequeñas y medianas empresas no lo hacen: contratan services para tercerizar los costos laborales y no cumplen con el mínimo de respeto que los trabajadores merecen. La pregunta que, con las cifras en mano, toca hacerse es: ¿por qué el Ministerio de Trabajo no se ha encargado de revisar las condiciones laborales de miles de peruanos que trabajan, literalmente, frente a la carretera? ¿Por qué el Estado busca siempre culpar de su propia ineptitud a empresarios que lo único que han hecho es generar prosperidad y riqueza? ¿Realmente queremos otra reforma agraria?

Lo pregunto porque ya no hay disquisiciones morales con respecto al origen de los derechos de propiedad sobre los que el Perú ha florecido: si el Estado decidiera volver a expropiar -que es un eufemismo para robar, porque los bonos no se pagaron jamás- …¿bajo qué excusa lo haría? ¿La idea sería quitarle los años de esfuerzo, disciplina y riesgo asumido a los empresarios que apostaron su valor para repartirlo entre quienes para ellos trabajaban porque el Ministerio de Trabajo no supo hacer su tarea? La sola derogación de la tristemente llamada “Ley Chlimper” -por José Chlimper, ministro cuando se hiciera la norma- se traería abajo una producción de millones y millones de dólares y puestos de trabajo. Este régimen excepcional ha probado ser infinitamente superior al general. Así, la que debiera llamarse la “Ley Vizcarra” -pues fue ese señor quien la prorrogó vía decreto de urgencia hasta el 2031- ha terminado siendo una revolución que permitió acabar con los estragos de otra. Y hoy nos ha colocado en una Torre de Babel de reclamos justos, pero mal dirigidos. Y de silencios.

Lo que está en juego es mucho más grande de lo que -ciegos selectivos- queremos ver. Y si este golpe termina de encajarse contra la agroindustria, serán igual de perjudicados los empresarios, como los trabajadores. Y que quede clara una cosa: hay momentos en el que el silencio puede ser aceptable. Hoy, es cómplice. 50 años después de la reforma agraria la izquierda pretende llegar a gobernar un país completamente distinto con la misma idea. Ojalá que enmienden el curso, pues están abriendo fuego contra el futuro del país.