El proceso electoral avanza en medio de la pandemia que parece haber puesto nerviosa a la justicia peruana. El virus podría estar causando daños colaterales en algunos jueces y fiscales, los que estarían viendo afectada su imparcialidad, específicamente contra Fuerza Popular y sus líderes, los que están siendo privados de sus derechos cuando la justicia acepta oportunamente lo que los fiscales solicitan para sus investigados.

El pasado domingo Keiko Fujimori, al concluir el último debate electoral, anunció públicamente en televisión que acababa de recibir la resolución de un juez que ampliaba las restricciones anteriormente impuestas, impidiéndole ahora salir de Lima, justo cuando faltan menos de tres semanas para las elecciones.

Piensa mal y acertarás, es un refrán antiguo, pero que sigue siendo vigente. El 11 de marzo, justo un mes antes de la fecha en que los peruanos elegiremos a nuestro próximo gobernante, a sus representantes en el Congreso y al Parlamento Andino, el fiscal a cargo de la investigación decidió sorpresivamente presentar la acusación que todos le exigíamos y que había venido postergando a través de solicitudes de ampliación a los plazos establecidos.

Es mucha coincidencia ver que, en la recta final de la campaña, algunos casos judiciales que no se resuelven, ni se sentencian, ni archivan en periodos no electorales por no haberse demostrado culpabilidad, son desempolvados y cobran actualidad justo para “manchar” la campaña electoral de los candidatos del fujimorismo.

Veo con mucha preocupación la politización de la justicia. La justicia está participando activamente y ha sido protagonista en los últimos tres procesos electorales. Parece que en algunos de sus integrantes existieran sentimientos negativos contra la familia Fujimori. Sólo así podría explicarse el rencor y el odio con que las decisiones judiciales, en los últimos años, han llevado a prisión hasta en tres oportunidades a Keiko Fujimori, a quien se le ha privado de su libertad por 480 días por casos similares en los que otros políticos no han recibido de la justicia la misma sentencia.

También recordemos que esa misma justicia no respetó la gracia presidencial que le otorgó PPK al presidente Fujimori, quien después de haber recuperado su libertad fue nuevamente puesto en prisión inconstitucionalmente.
Sorprende que el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncie ante esta interferencia de la justicia. Hechos como este enturbian el proceso electoral.

Vemos perplejos que un sector importante de la prensa no ha levantado su voz de protesta ante semejante atropello, que pareciera formar parte de un perverso plan para debilitar las candidaturas de los adversarios del gobierno. La mayoría de los partidos políticos no se han solidarizado ante el abuso que hoy se comete contra Fuerza Popular y que mañana con seguridad también los afectará a ellos.