El Perú ya se encuentra en la segunda ola de contagios por causa del covid-19. En este escenario el incremento de las cifras de personas hospitalizadas y fallecidas es inevitable. Pero, ¿cómo estará la situación en los centros penitenciarios? Meses atrás, durante la primera ola, se evidenciaron lamentables limitaciones de infraestructura que llevaron a nuestro Tribunal Constitucional a declarar mediante la figura del estado de cosas inconstitucional la situación de emergencia de los centros penitenciarios por causa no solo de su sobrepoblación, sino también por sus precarias condiciones.

En su momento se adoptaron diversas medidas para disminuir la población penitenciaria existente. A ellas se fueron sumando directivas cada vez más rigurosas para la adopción de medidas de prisión preventiva, indultos, conversiones de penas y ceses y revisión colectiva de esta medida de coerción. Se entiende que después de varios meses, todas estas medidas deben haber tenido un impacto positivo. Sin embargo, parece que no ha sido así.

Puede que se trate de un caso aislado, pero hace algunas semanas presenté un hábeas corpus a favor de un interno que desde hace más de un año espera una respuesta a su indulto por razones humanitarias. Este interno sufre de diabetes y forma parte de un sector considerado de riesgo porque está recluido en un establecimiento penal declarado en emergencia. No obstante, pese a la naturaleza urgente del hábeas corpus y la situación concreta, su trámite no pasa de la etapa inicial, pues el sistema digital señala que su caso está actualmente “en calificación”. Nos preguntamos: ¿Qué sucede cuando el Estado se convierte en el principal vulnerador de derechos humanos? Sea por omisión o por acción, tarde o temprano el Estado tendrá que dar cuenta de su responsabilidad.

En el supuesto escenario de que este interno fallezca en prisión pese a todas las acciones que se realizaron para obtener la protección del Estado y que no tuvieron respuesta, ¿qué le espera al Estado? Pero principalmente, ¿cómo debería sancionarse a los funcionarios o servidores públicos a cargo que pese a conocer la situación de este interno no actuaron con diligencia dentro del marco legal que los habilita para tomar medidas pertinentes al respecto?

Las noticias sobre la llegada de esta segunda ola de la pandemia en nuestro país no son alentadoras. Según diversos especialistas, tendrá efectos más graves de los que se presentaron en el año 2020. En este momento tendríamos que saber en qué porcentaje disminuyó la población penitenciaria, en qué medida se han implementado los grilletes electrónicos, cuál es el porcentaje de la población penitenciaria en riesgo y qué medidas se han adoptado para afrontarla.

El monitoreo de las medidas adoptadas era una labor fundamental para poder determinar su nivel de eficacia y luego replicarlas o, en su defecto, adoptar otras medidas en escenarios similares. Hasta el momento no se tienen resultados sobre lo realizado en este ámbito. Nos resistimos a creer que solo fueron medidas para crear expectativas y mantener en calma a los afectados.