La seguridad ciudadana, entre falsas promesas y realidad
La seguridad ciudadana, entre falsas promesas y realidad
La seguridad ciudadana es uno de los problemas más críticos y urgentes que enfrenta el Perú. A diario, los ciudadanos vivimos bajo la amenaza constante de la delincuencia, mientras las autoridades parecen sumidas en la inacción. Para empeorar la situación, ha surgido una proliferación de supuestos “expertos” en seguridad que, desde cómodos estudios de televisión, columnas de opinión o entrevistas, aseguran tener las respuestas para acabar con este flagelo. Sin embargo, muchos de estos opinólogos son exgenerales de la Policía Nacional o exministros del Interior que, cuando tuvieron el poder y la responsabilidad de liderar un cambio, no hicieron nada significativo para combatir la delincuencia.
La inseguridad que hoy afecta a nuestro país no es un fenómeno reciente. Es el resultado de décadas de abandono, corrupción y falta de visión. Desde el gobierno de Alejandro Toledo, los problemas en materia de seguridad comenzaron a incubarse y, en la actualidad, han llegado a un punto de quiebre. En lugar de diseñar políticas de prevención y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad, se permitieron prácticas que minaron la moral policial y politizaron una institución que debería ser apolítica por naturaleza.
La pregunta es inevitable: ¿dónde estaban estos “especialistas” cuando tenían la oportunidad de actuar? Muchos de ellos ocuparon puestos clave en la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior, pero su gestión estuvo marcada por la indiferencia, la improvisación y la falta de liderazgo. Permitieron que la corrupción floreciera dentro de la institución policial, ignoraron el crecimiento de las organizaciones criminales y nunca se preocuparon por modernizar las estrategias de combate al crimen. Ahora, con una falta de autocrítica alarmante, se presentan como los portadores de soluciones mágicas para problemas que ellos mismos ayudaron a crear.
El actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido blanco de críticas constantes por parte de estos opinólogos. Sin embargo, sus detractores omiten mencionar que las deficiencias actuales no son responsabilidad exclusiva de su gestión, sino el resultado acumulado de años de desinterés y malas decisiones. La Policía Nacional, en muchos casos, ha estado liderada por comandantes generales a quienes el cargo les quedó grande, y los ministros del Interior de los últimos años han pasado sin pena ni gloria, sin dejar un legado real en la lucha contra la delincuencia.
Es evidente que la solución al problema de la inseguridad requiere más que discursos o críticas vacías. Lo que el Perú necesita con urgencia es un pacto nacional que convoque a todas las instituciones clave: el Congreso, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Policía Nacional y el INPE. Este cónclave debe tener como objetivo la elaboración de normas consensuadas y estrategias claras para combatir la delincuencia, la corrupción y las organizaciones criminales.
Sin embargo, crear leyes efectivas no será suficiente si estas no se aplican con rigor. Una de las principales debilidades del sistema es la falta de ejecución de las normas y la politización de las instituciones. Mientras las decisiones sigan estando influenciadas por intereses partidarios o económicos, las reformas quedarán en el papel. Peor aún, la corrupción seguirá debilitando los esfuerzos por devolver la seguridad al país.
El dicho popular “después de la guerra todos son generales” describe perfectamente la situación en el Perú. Sobran los opinólogos y críticos que aseguran tener todas las respuestas, pero cuyo verdadero interés radica en ocupar cargos públicos para llenarse los bolsillos. La ciudadanía está cansada de estos falsos expertos, que solo buscan aprovecharse de la desesperación de un país sumido en la inseguridad.
Mientras tanto, la delincuencia sigue evolucionando y extendiendo sus redes, mientras el Estado avanza con lentitud para responder a esta crisis. Las organizaciones criminales no solo operan en las calles, sino que también han logrado infiltrarse en diversas instituciones, incluyendo gobiernos locales y regionales. Esto ha generado un ambiente donde el caos y el desorden se convierten en la norma, y los ciudadanos se sienten abandonados.
Es fundamental que las autoridades actúen con decisión y trabajen en conjunto para frenar esta situación. La ideología, el populismo penal y los intereses personales deben dejarse de lado. Solo con voluntad política y un enfoque estratégico será posible recuperar la confianza de los ciudadanos y devolverles la seguridad que merecen.
El Perú no puede seguir navegando en un mar de corrupción e improvisación. Es hora de que el país recupere el rumbo, con políticas claras, reformas profundas y, sobre todo, con autoridades que verdaderamente estén comprometidas con el bienestar de los peruanos. La seguridad no puede seguir siendo un tema de discurso; debe convertirse en una prioridad real.
Solo así podremos evitar que este barco llamado Perú encalle en un mar de tiburones corruptos y devolvamos a los ciudadanos la tranquilidad que tanto anhelan.
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