“Victoria para los trabajadores agrícolas movilizados”, celebró la candidata a la presidencia Verónika Mendoza luego de conocerse que el Congreso de la República derogó -con 144 votos a favor, 7 abstenciones (¿?) y tan solo dos cuerdos votos en contra- la Ley de Promoción Agraria o Régimen de “agroexplotación”, como maliciosamente lo llama la líder izquierdista.

Lo ocurrido, por supuesto, no es una victoria para nadie más que para la izquierda dinosauria, la cual -a punta de manipular el descontento de muchos trabajadores a través de la desinformación y de reivindicar la violencia-, logra ponerle una pieza más a la máquina del tiempo que se ha propuesto construir.

Quienes protestan piden mejores condiciones de trabajo y también denuncian abusos laborales. Estos reclamos son válidos, así como manifestarlos públicamente, pero bajo ninguna circunstancia justifican el nivel de violencia y de destrucción de propiedad pública y privada que hemos visto por parte de algunos grupos de manifestantes durante los últimos días. Asimismo, no tiene nombre que el gobierno del señor Sagasti, por miedo a ser tildado de “asesino” como su predecesor, haya evitado cumplir con su deber de poner orden, jugando en pared con quienes capitalizan políticamente el caos, la muerte y la destrucción.

La Ley de Promoción Agraria y el régimen que ha establecido pueden no ser perfectos; sin embargo, es un hecho objetivo que sí han logrado grandes avances, beneficiando tanto a los trabajadores como a las empresas del sector.

De acuerdo a cifras publicadas por el IPE, este régimen ha creado más de 800 mil empleos formales desde que entró en vigencia, lo cual ha significado un incremento de más de 10 puntos porcentuales en los niveles de formalidad.

Este incremento también se ha traducido en mejores salarios, los cuales han crecido 2.4% más que el promedio de otros sectores y esto se ha traducido en que la pobreza en el sector agrícola haya caído de 81% en el año 2004 a un 36% en el 2019. 45 puntos porcentuales en 15 años.

Teniendo estos datos objetivos a la mano, resulta evidentemente falso que el régimen agroexportador permita el abuso y la “esclavización” del trabajador agrícola como señala dolosamente la narrativa siniestra. Se trata de un régimen que goza de todos los beneficios del régimen general de trabajo, con la diferencia de que estos se pagan diariamente, y esto es así debido a la temporalidad característica del sector.

El verdadero problema no está en la Ley de Promoción Agraria, sino en las empresas informales que no cumplen con los derechos laborales que ella establece. Si bien este régimen ha logrado muchos avances, aún hay altísimos porcentajes de informalidad en el sector y es esto último lo que debemos atacar. Por lo tanto, resulta totalmente irracional eliminar dicha ley como “remedio” para combatir a quienes la incumplen.

Gracias a la complicidad del descriteriado populismo parlamentario y la cobardía de un gobierno interino, quienes no tienen interés en buscar soluciones reales sino únicamente cosechar réditos políticos, lo único que vamos a lograr con la derogación de una ley con incuestionables resultados positivos es retroceder lo avanzado. Condenarán a la informalidad a muchísimos trabajadores que ya habían logrado formalizarse y anularán por completo las posibilidades de quienes aspiran acceder a sus múltiples beneficios.

Eso es lo que Verónika Mendoza y la izquierda dinosauria a la que representa consideran “victoria”, pues así logran avanzar unos kilómetros más en su travesía hacia un pasado menos próspero en el que se aprovechaban de la dependencia de una ciudadanía pobre para poder controlarla. Hoy van por la agricultura, mañana tal vez por la minería y, más temprano que tarde, por la Constitución.