Desde mis primeros años escolares, siempre he escuchado y tenido varias experiencias, confirmando la importancia de defender la soberanía de nuestro país, manteniendo su independencia, ajena a invasiones territoriales e ideológicas, respetando nuestra estructura de Gobierno, acompañada de las Instituciones Civiles y Militares que organizadamente la defienden con su vida.

Estos conceptos básicos los confirmé en los cursos de Instrucción Pre Militar (IPM), complementados por mis interesantes experiencias vividas. Como aviador privado, acompañado de un pequeño grupo de jóvenes piuranos con similar afición, fuimos invitados a participar en las maniobras militares que los destacamentos del Norte realizaban anualmente en el Departamento de Tumbes, teniendo la misión de colaborar en el reglaje aéreo que se realizaba en esa época, para la buena ejecución de la “concentración de fuegos”.

Estas motivadoras maniobras nos permitieron integrarnos plenamente con los soldados y oficiales participantes, apreciando su capacidad y entrega en defender nuestra soberanía y territorio patrio, años después como colaborador de las actividades Policiales, confirmé ese mismo espíritu, al constatar su dedicación en proteger a la Ciudadanía y la seguridad interna del Perú.

Independientemente de mis experiencias, pudimos confirmar la dedicación y capacidad de un Grupo Diplomático y Juristas, que lograron recuperar la soberanía marítima de 50 mil kilómetros cuadrados que Chile mantenía indebidamente.

Ejemplos como este, existen innumerables en la larga historia de consolidación de nuestra soberanía, pero recientes gobiernos han comenzado a dar pasos que no van en concordancia con la defensa de nuestra Soberanía, entre estos están el Acuerdo de Costa Rica y últimamente al tener un pésimo sistema de adjudicación de las obras públicas, se viene utilizando frecuentemente el sistema de “Gobierno a Gobierno”, que permite que un gobierno extranjero contrate a una entidad privada, con honorarios altos, con poderes especiales, liberados de la supervisión de la Contraloría, con inmunidad judicial para sus funcionarios y tomando la dirección y control total de la obra asignada.

En referencia al Acuerdo de Escazú, este tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la justicia en asuntos ambientales en todo el territorio nacional.

A la fecha ha sido firmado por 22 países latinoamericanos y del Caribe, incluido el Perú a través del Ministerio del Ambiente en septiembre de 2018, faltando la ratificación del Congreso de la República. Los compromisos que se imponen, teóricamente son positivos, pero se debe considerar que el Perú ya cuenta con legislación ambiental moderna y estricta, suscribirlo, interfiere con la “soberanía nacional”, especialmente al considerarse la “Justicia ambiental” y al ceder nuestra autonomía, estaríamos admitiendo la incapacidad para aplicar la legislación vigente.

Acuerdos como estos, ponen más barreras para desarrollar con premura nuestros proyectos de infraestructura: represas, puertos, obras de irrigación etc. además, los inconvenientes que ya tenemos para lograr las inversiones mineras y la explotación forestal se incrementarían considerablemente.

Finalmente, el convenio de Escazú por donde se le mire es difícil de aceptar, esperemos que el Congreso no lo apruebe, respetándose así nuestra Soberanía Ambiental.