Un proceso penal es esencialmente cognitivo. Tiene como punto de partida posibilidades o probabilidades de la comisión del delito y la responsabilidad del sujeto y debe concluir en un estado de certeza para sustentar una condena. A partir de la teoría instituida en la Sentencia Plenaria 1-2017/CIJ-433 y el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 sobre niveles o grados de “sospecha” que dan cuenta de un avance progresivo en el conocimiento de un caso penal y de un estándar probatorio que evidencia la necesidad de recaudar más y nuevos elementos de convicción según cada caso, se puede advertir que la “sospecha grave o vehemente” que permitiría sustentar un requerimiento y dictado de la medida de prisión preventiva tiene un carácter dinámico.

Lo dinámico implica cambios o variaciones. Ello puede significar en el proceso penal el fortalecimiento de la tesis fiscal con mayor cantidad y calidad de elementos de convicción de cargo o su debilitamiento a partir de la presencia de elementos de descargo que desvirtúen las imputaciones efectuadas o la invalidez de los elementos de cargo que hasta ese momento se hubieran recabado. Si se dispuso una medida de prisión preventiva por varios meses e incluso años (recordemos que en crimen organizado puede durar hasta 36 meses), lo que se espera es un perfeccionamiento de los cargos y tener ya un sustento probatorio suficiente para acusar e ir a juicio.

Lo preocupante es encontrarse con una persona privada de libertad (como medida cautelar) y una situación estática. Esta situación lamentable puede darse debido a: 1) Una parálisis en la labor investigativa; 2) Un conocimiento que es considerado suficiente para acusar; 3) Una complejidad sostenida para ampliaciones que se hacen interminables o se eternizan. Deben existir muchas explicaciones a esta situación, desde la inmensa carga procesal que cada despacho fiscal debe asumir hasta las limitaciones materiales que pasan desde tener un escrito propio o tinta para las impresiones; sin embargo, existe un sinnúmero de personas cuyas prisiones ya superaron largamente los plazos razonables y sus causas no están listas para ser definidas en instancias judiciales. Lo primero, no justifica lo segundo. En un proceso no se pueden sacrificar derechos humanos por falencias del Estado.

Los procesos que, precisamente, deben tener mayor dinamicidad son los que comprometen derechos fundamentales. Justamente, por el daño irremediable que pueden producir, como sucede en el proceso penal en relación con la libertad y la presunción de inocencia.

La dinámica en el proceso penal actual no depende de los jueces, sino esencialmente de las partes; principalmente de quien sostiene la imputación a quien la Constitución encarga la promoción de la acción penal, pero con objetividad, esto es, tomando en consideración que el poder punitivo y persecutorio tiene límites que le han costado sangre y añares a la humanidad conseguir.