El actual panorama mundial por causa de la pandemia ha obligado a modificar tanto las relaciones sociales como los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. Enviar saludos de cumpleaños de forma virtual o salir de compras protegidos con mascarillas son solo dos ejemplos de lo dicho. Cambios como estos y otros más han afectado en mayor o menor medida las diversas actividades humanas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Entre estas últimas, la aplicación del derecho para solucionar las innumerables controversias pendientes (sea en un ámbito judicializado o no). Se han reemplazado aquí las dos formas tradicionales de comunicación entre las partes y el juez o el fiscal o la autoridad administrativa: 1) La comunicación oral directa; y 2) La comunicación cuyo soporte es el documento escrito o impreso.

La comunicación oral directa dotaba al proceso de la necesaria dinamicidad, transparencia y trato directo con el juez. Incluso podía significar una mejor calidad de información e interactuación para poder entender las dificultades y avatares del procedimiento. Su dimensión es mayor por la inmediatez, entendida esta como la cercanía o proximidad que pudiera dar lugar a la percepción sensorial -resaltando lo visto y oído- y también la bidireccionalidad juez – partes, juez – pruebas o fiscal – actos de investigación. Ciertamente, puede tener sombras o zonas oscuras (prejuicios, simpatías o suposiciones), pero también luces gracias al análisis de las expresiones y del lenguaje corporal del testigo. Con el uso de los medios virtuales de hoy, este último aspecto se ha perdido, más aún cuando ahora ya no se exige tener la cámara encendida, debidamente enfocada o con el volumen adecuado.

En cuanto a la comunicación que tiene como soporte el documento escrito o impreso, éste garantizaba la certeza o seguridad de que lo actuado o señalado en el proceso quedaba debidamente perennizado. Pero ahora solo quedan las grabaciones que dan cuenta de todo lo acontecido. Por ejemplo, los olvidos, las dudas o las contradicciones. Aun con estas limitaciones, es necesario transcribir estos actos con el mayor cuidado posible para que puedan formar parte de la carpeta fiscal o expediente judicial.

No se puede negar que los medios tecnológicos contribuyen a superar las limitaciones surgidas por las distancias. Tampoco que son mejores herramientas para mantener o conservar las actuaciones o diligencias procesales. Sin embargo, lo que preocupa son otros aspectos como a los que a continuación advertimos: 1. No se han establecido las debidas vías de comunicación (se han observado casos de correos electrónicos que no son institucionales o que aun siéndolos son modificados sin previo aviso); 2. Inexistencia de comunicaciones inmediatas ante los pedidos o solicitudes (lo que ha dejado sin respuesta o demoras irrazonables un simple “acuso recibo”); y 3. Dificultades en la conectividad (alta y baja de internet) o equipos inadecuados que terminan afectando la actuación de uno u otro lado.

Confiemos en que no se produzca un colapso si a la crítica situación que ya teníamos en la administración de justicia les sumamos estos problemas. Hasta el momento no han surgido iniciativas que propongan la elaboración de una lista de los problemas existentes y sus respectivas posibles soluciones. Soluciones que pueden resultar contraproducentes si se aplican con una visión nacional en lugar de una solución según la realidad de cada distrito judicial o fiscal.