El 18 de marzo de 2020 se realizó una reunión en el MEF donde participaron representantes de Perú Compras, del área usuaria del Instituto Nacional de Salud (INS) que habían solicitado las pruebas, de las empresas farmacéuticas y de los proveedores de pruebas rápidas, moleculares y laboratorios. También estuvo la ministra de Economía, María Antonieta Alva, con la finalidad de proveerse de pruebas para la detección del Covid–19, donde probablemente para garantizar que no se repartan la torta solos, se hizo presente el presidente Martín Vizcarra, lo que resulta idéntico al caso Obrainsa, buscó estar cara a cara con los representantes de las empresas, lo que no solo era innecesario, porque para ello están los órganos facultados por ley para comprar con dinero del Estado, sino también porque resulta impropio en relación a las funciones de su cargo. Sí era indispensable para la expedición del decreto de urgencia que autorizó el desembolso del presupuesto para dichas compras, también para que estas se lleven a cabo con las mínimas garantías que una declaratoria de emergencia deja abierta, es decir “compra primero y luego sustentas”. Al parecer a los participantes de dicha junta solo les habría importado lo que sería su mejor negocio y con un total desprecio por la vida de los peruanos, optaron por enriquecerse a toda costa. Este grave hecho de corrupción cobra una connotación penal del más alto nivel, aquellos incluso que abrirían la competencia de la Corte Penal Internacional, toda vez que, demuestran la existencia de acuerdos colusorios, orientados a atender el abastecimiento de las pruebas que poseían las empresas, desconocimiento las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), trazando para ello una estrategia nacional para detectar el Covid-19 bajo el uso de la prueba rápida, que dio como resultado el exterminio de casi 80 mil peruanos. Un delito contra la humanidad consistente en la imposición intencional de condiciones de vida como el acceso de medicinas, dentro de lo cual calza el método para la detección del Covid–19. ¿Y por qué resulta intencional?, porque esto ya había sido advertido por la OMS debido a que ya era de conocimiento público que arrojaban falsos negativos. Este acto deberá cometerse como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población, y eso sucedió en nuestro país pues se compró una y otra vez las asesinas pruebas rápidas, lo que evitó que miles accedan a una atención médica oportuna, por ello, además de la investigación penal cada familia agraviada debe interponer una denuncia por lesa humanidad.

Quieren pruebas de este acto de corrupción, aquí las mostramos: 1.- En el mismo día de la reunión 18 de marzo de 2020, se tenía listo el Decreto de Urgencia Nro. 028-2020, el cual fue de la adquisición de “pruebas rápidas” para el diagnóstico de casos en fase inicial de la infección por coronavirus, emitido por la Contraloria General de la República el 27 de marzo de 2020, sólo 14 días después de la reunión advertiendo lo siguiente: “a través del Decreto de Urgencia N° 028-2020 se han dictado medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control del Covid-19, entre ellas un total de 350,471 pruebas “moleculares” y 1’401,883 de “pruebas rápidas” (serológicas); sin embargo, estas últimas según publicaciones de la OMS; entre otras, no serían recomendables para la detección de casos en la fase inicial de la infección por coronavirus (fase de incubación) dado que proporciona resultados “preliminares” basados en la generación de anticuerpos; en ese sentido, podría determinar la presencia de casos con resultados falsos negativos, es decir pacientes infectados por el coronavirus que aún no han generado anticuerpos; por lo que resultaría necesario una estrategia que garantice que estas serán complementadas; situación que pondría en riesgo la prestación de un servicio de salud oportuno, seguro y de calidad; así como el correcto uso de los recursos públicos”. Este informe era la causal para dejar sin efecto la primera compra de pruebas rápidas, asumir el costo de las que ya se habían usado, porque no le vas a seguir pagando por toda la compra si esas pruebas potencialmente podrían llevar a la muerte a las personas, de ninguna manera se debió seguir haciendo más compras de estas pruebas. Al haber sido advertidos con este informe y los antecedentes establecidos por la OMS, esta conducta fue desarrollada con pleno conocimiento y voluntad de Martín Vizcarra y los asesinos que participaron de esa reunión que definieron el uso de las pruebas rápidas.

Un titular de entidad cuando es sindicado de actos de corrupción encuentra siempre una justificación en el hecho que no son quienes lo hicieron, porque hay autoridades que tienen esas competencias. Este pretexto pudo servirle a Martín Vizcarra para evadir cualquier vinculación con estos actos de corrupción. Pero hoy no tiene escapatoria porque está demostrada su participación en la reunión del 18 de marzo de 2020, ahora le corresponde a la fiscal de la Nación iniciar una investigación, no suspendida, sino que de inmediato investigue a Martín Vizcarra. Le corresponde investigar a un fiscal supremo que fuera el llamado por ley, porque Zoraida Ávalos debería ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia porque habría desarrollado con el investigado relaciones extraprocesales que están interfiriendo en el ejercicio de la función de perseguir el delito, contra el Presidente de la República.