La vacancia de la Presidencia es un hoyo negro. Nadie sabe lo que hay al otro lado. Debió saberlo la mayoría parlamentaria en el Congreso cuando forzó arbitrariamente dos veces la vacancia de la Presidencia de Pedro Pablo Kuczynski.

El cargo que se le imputa hoy a su sucesor, Martín Vizcarra, es el de obstrucción de la justicia. Según la Constitución, la destitución del Presidente tiene cuatro causales, ninguna de las cuales es obstrucción de la justicia. Los hechos denunciados serán investigados y Vizcarra será procesado si tiene responsabilidad en ellos. Pero solo cuando termine su gobierno y ni un minuto antes. Porque eso es lo que manda la Constitución.

Existe en la Constitución también la vacancia de la Presidencia por causal de “incapacidad moral permanente”, que el Congreso declara. Tal estado no está definido en ninguna parte de la legislación peruana. Ningún código o ley en el Perú tipifica en qué consiste esa condición humana. Originalmente, se refería a un estado de deterioro mental evidente por sí mismo, una condición que se constata objetivamente, como la incapacidad física o la muerte, que el Congreso se limita a “declarar” porque no cabe debate alguno. El lenguaje de hace un siglo sobrevive en el texto constitucional no por casualidad.

Esa condición, cuya razón de ser fue otra, ha sido convertida en un instrumento político. Hoy la presunta “incapacidad moral permanente” consiste en lo que el Congreso quiera, algo que depende de la opinión subjetiva y de la interpretación política que las bancadas quieran darle.

En suma, la vacancia de la Presidencia de la República por esa causal es un acto arbitrario.
Es indispensable eliminar de la Constitución esa causal de vacancia porque su única función es darle al Congreso un arma que usa arbitrariamente. Y es una Espada de Damocles no ya sobre la cabeza del Presidente, sino sobre la misma gobernabilidad democrática.

La vacancia arbitraria es parte del fallido equilibrio de poderes que hace de la nuestra una democracia de baja gobernabilidad. Hay una falla en la arquitectura constitucional detrás del ciclo de los golpes de Estado de nuestra historia republicana. El equilibrio de poderes –lo que los americanos llaman checks and balances- no ha existido nunca en el Perú desde la fundación misma de la República, que hoy llega a su Bicentenario.

¿En qué consiste la falla? Es sencillo. Mientras el Congreso tiene tres armas políticas devastadoras -la vacancia arbitraria, la censura de ministros, y la insistencia en las leyes observadas por el Ejecutivo, en ambos casos con la mitad de los votos de la única cámara-, el Ejecutivo tiene una sola arma: la disolución del Congreso. Y, como premio consuelo, la delegación de facultades para legislar, que también depende del Congreso.

Esto ocurre solo en el Perú y en ninguna otra democracia de América, desde Chile y la Argentina hasta México y Estados Unidos. En muchas ni siquiera existe la censura de ministros y en todas ellas, sin excepción, la insistencia requiere dos tercios de los votos de dos cámaras. En nuestro fallido equilibrio de poderes, en cambio, el Congreso prevalece siempre. Por eso se llama a sí mismo el ”primer poder del Estado”.

El fallido equilibrio de poderes ha estado siempre detrás del golpe de Estado del autoritarismo y de la vacancia arbitraria, que es el golpe parlamentario.

Al llegar la República a su Bicentenario, es hora de poner fin a esto, rediseñando el equilibrio de poderes del que depende el salto cualitativo a una democracia de verdad.

Es la deuda que la clase política tiene con el Perú.