Que recuerde, desde que volvimos a la arista democrática del voto popular en 1978 con la Asamblea Constituyente, ninguno de los procesos electorales posteriores tuvo grandes sombras de duda hasta la malhadada re reelección de Alberto Fujimori el año 2000.

Estos comicios marcaron un hito escandaloso de manipulación y de “fraude masivo” como ha pasado a llamarse en la historia política peruana. Bajo la batuta de Vladimiro Montesinos, no hubo cabo suelto en la cooptación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, primero para hacerse de la vista gorda ante la fábrica de firmas que habilitó un conglomerado de partidos postulantes de Fujimori y luego para impedir el referéndum sobre la norma de “interpretación auténtica” de la Constitución (facilitadora de la re reelección) solicitado por más de un millón de ciudadanos firmantes.

Demás está detallar este episodio que llevó a la cárcel a magistrados del JNE y funcionarios de la ONPE. A la luz del mismo, el celo puesto en la independencia y pulcritud de los actos de tales instituciones recobró paulatinamente la confianza en ellos. Así pasaron tres lustros hasta que las investigaciones abiertas al ex titular de la ONPE Adolfo Castillo Meza el 2018 – hoy acogido a la colaboración eficaz mediante la cual viene revelando hechos espeluznantes que provienen desde su designación a cargo del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura – y la conducta del titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, frente al proceso en ciernes para renovar la presidencia de la república y el Congreso el próximo 11 de abril, vuelven a colocar un paréntesis a esa fe.

El tema excede la interpretación legal de un sistema de elecciones trajinado los últimos años hacia la apariencia de su perfección, para colocarnos en una óptica sencilla: ¿Se le está garantizando al votante el pleno ejercicio de sus derechos a fin de elegir la opción que crea conveniente? ¿Prima en las resoluciones del máximo organismo jurisdiccional la consideración a esos derechos, hay equilibrio en el tratamiento a los diferentes candidatos, se procede con justicia en cada caso observado permitiéndose subsanar tropiezos u omisiones ínfimas?

Pues el magistrado Salas Arenas – que juega en pared con otros titulares de los Jurados Electorales Especiales como el de Lima Centro 1 – no solo le importa un cuerno estas consideraciones, sino que hasta parece disfrutar sus desaguisados con una pompa arrogante que más tarde, con seguridad, le estallará en la cara.

Me basta citar la rigurosa investigación de Ricardo Uceda sobre la madrugada del volteretazo en la votación que le permitió al casi probado gangster Martín Vizcarra continuar siendo candidato al Legislativo. ¿Montesinos ha regresado? ¿Hay lagartos en los entes electorales?